Sucesos España

El jurado declara culpable al podemita Rodrigo Lanza por la muerte de Victor Laínez... a medias

rodrigo lanza

El jurado popular encargado de juzgar el llamado "crimen de los tirantes" por la bandera de España ha declarado este viernes culpable al chileno antisistema Rodrigo Lanza de la muerte de Víctor Laínez. Sin embargo, no han considerado probadas la mayoría de las tesis de la Fiscalía y las acusaciones, que pedían una condena de 25 años por asesinato con el agravante de motivos ideológicos y han dejado al podemita a las puertas de una condena por homicidio imprudente, lo que supone entre uno y cuatro años de prisión.

Así, estiman en su veredicto que la "causa más probable" de lesión causó la muerte a Laínez"fue causada al caer a plomo al suelo e impactar la región lateral derecha de su cráneo contra el suelo" y no como consecuencia directa del golpe que le dio Rodrigo Lanza. Y no creen que Lanza actuara guiado por "el ánimo de causar la muerte" de Víctor Laínez.

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El jurado además ha considerado no demostrado que la víctima fuera atacada por la espalda y que no tuviera posibilidad alguna de defensa, lo que argumentaban las acusaciones para pedir alevosía y elevar la calificación del delito de homicidio a asesinato.

Igualmente los nueve miembros del tribunal han estimado que no se ha demostrado en el juicio que Laínez no llevara una navaja. Uno de los argumento que esgrimía Lanza para alegar legítima defensa y pedir la absolución era precisamente que Laínez se acercó a él con un cuchillo y que tuvo que defender su vida. Por el contrario, el tribunal del jurado considera probado que Lanza "se dio la vuelta observando cómo Víctor Laínez intentaba agredirle con una navaja o arma blanca similar".

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El tribunal popular tampoco considera probado que Lanza viera los tirantes de la bandera de España, hecho en el que las acusaciones sustentaban que se trababa de un crimen por motivos ideológicos.

La Fiscalía, la acusación particular y la acción civil en nombre de Vox solicitaban inicialmente la pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato que no ha sido aceptado por el jurado. La defensa siempre mantuvo la libre absolución.

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