El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha publicado en el BOE de este sábado 11 de abril una orden ministerial para modificar el Plan Estatal 2018-2021, en el que abre la puerta a la ocupación de las segundas residencias. De esta manera, el Gobierno autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios a dar "una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".
El BOE recoge en su apartado 3 el asunto central de esta nueva orden ministerial. En primer lugar, apunta a que la obligación de que las comunidades autónomas pongan a disposición de este colectivo una vivienda de titularidad pública. Pero, ¿qué pasa si no las hay? El Ministerio de José Luis Ábalos asegura (y citamos de forma y manera literal): "Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".
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La normativa es una muestra clara de la forma deliberadamente ambigua de redactar las normativas que viene desarrollando el Gobierno, según diversas fuentes judiciales, ya que se trata de una orden ministerial, que no tiene rango de ley y, además, no tiene ninguna norma de ese nivel sobre la que apoyarse.
Tras su publicación cundió la alarma entre los especialistas en Derecho Civil y Constitucional, que entendieron que bajo esta redacción se esconde una voluntad clara de disponer de la vivienda privada, tal y como ya se ha intentado en varias propuestas parlamentarias a nivel estatal y de las comunidades autónomas.
Fuentes del propio Ministerio de Transportes reconocieron que a pesar de lo que dice el texto, esa no era la "voluntad" con la que se redactó. No obstante, admitieron la "torpeza de la redacción", máxime tras las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, comentando que el artículo 128 de la Constitución permite al Gobierno disponer de la riqueza que hay en España cuando sea por el interés general. ¡Qué casualidad!
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Una paga de 900 euros al mes
La orden ministerial, que desarrolla en el Plan Estatal de Vivienda la nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de Covid-19, incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables para facilitarles una "solución habitacional inmediata" mediante una ayuda económica.
Esa subvención podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.
Esto va a provocar ipso facto una catarata de impagos y peticiones sin fin de la ayda y la multiplicación, como el milagro de los panes y los peces, de las denuncias por violencia de género. Una paga vitalicia de hasta 900 euros. ¿Alguien se cree que van a volver a trabajar? ¿De dónde saldrá tanto dinero? ¿Se lo vas a pagar nosotros? Ya lo decía Margaret Thatcher: "el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero... de los demás". No falla.
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