La Ley de Vivienda, que ha generado una enorme polémica desde que se presentó como proposición de ley, se aprobó de manera definitiva en el Senado el miércoles 17 de mayo de 2023.
Esto ha hecho que se monte un gran revuelo, ya que los arrendadores no están contentos, tampoco muchos inquilinos que creen que esto les dificultará encontrar vivienda y lo mismo ocurre con las inmobiliarias, pues es posible que muchas desaparezcan.
Las inmobiliarias son las grandes perjudicadas
Las inmobiliarias en el puerto de la Cruz, y las de toda España, han dado la voz de alarma sobre esta nueva ley, que se podría llevar por delante muchas pequeñas inmobiliarias en todo el país. El artículo 31 es el que ha hecho que estas empresas alcen la voz, ya que dice que la persona que esté interesada en un inmueble tendrá que ser informada de una serie de cuestiones como las características de la vivienda.
Podrá ver la cédula de habitabilidad, la superficie útil, las condiciones de pago, el certificado de eficiencia energética, etc. Todo ello se puede pedir sin formalizar la operación y sin tener que entregar ninguna cantidad, lo que supone que las inmobiliarias van a verse sometidas a un enorme trabajo burocrático sin cobrar nada, regalando su tiempo y su esfuerzo.
Además, eso no es lo peor, ya que José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director de la Agencia Negociadora del Alquiler, nos dice que la normativa hace recaer en la empresa intermediaria, bajo sanción, la responsabilidad en la obtención de dichos documentos.
Expresado de otra manera, las inmobiliarias van a ser las responsables de dar documentos que ellas no tienen a los interesados en sus inmuebles, una documentación que muchos usuarios tampoco poseen. Si no aportan estos papeles se las podrá sancionar, lo cual es algo inconcebible, eso sin contar todo el trabajo que costará juntar esos documentos de cada una de las viviendas que tengan en cartera.
El apartado 1.a del artículo puede suponer que las inmobiliarias desaparezcan
Si lo anterior ya era bastante grave por el tema de las posibles sanciones, lo que viene en el apartado 1.a del artículo 31 es aún peor, pues significa la posibilidad del cierre para muchos de estos negocios.
En concreto, dice que la persona que quiere comprar o alquilar va a poder solicitar la información de aquella que vende o pone en alquiler el inmueble, ya sea un particular o una empresa. Dicho de otra manera, si deseamos alquilar un piso, la inmobiliaria estará obligada a darnos todos los datos del dueño, por lo que nosotros vamos a poder ponernos en contacto con él de una manera muy sencilla, “puenteando” a la inmobiliaria que se quedará sin los honorarios por el trabajo realizado.
Así, invertirán tiempo y dinero en hacer las fotos de los pisos, valorarlos, enseñarlos y a la hora de cobrar sus honorarios, cuando se cierra la operación, inquilino y arrendador o comprador y vendedor pueden hacerlo por su cuenta sin pagar todos estos servicios.
Al igual que sucede en el caso anterior, el futuro inquilino podrá pedir esta información sin entregar ningún dinero ni firmar un contrato, lo que lo deja libre para pactar con el arrendador si este así lo desea.
Un problema con la protección de datos
Por si esto fuese poco, aquí entra en la ecuación un serio problema que tiene que ver con la protección de datos, ya que podemos ir a una inmobiliaria y recabar una cantidad enorme de ellos.
En concreto, vamos a poseer todos los datos del inmueble y los del arrendador o vendedor, por lo que se sumará más burocracia al tener que recabar los intermediarios el consentimiento de los propietarios con el fin de ceder toda esta información.
El sector está compuesto de pequeñas empresas y autónomos que serán los más perjudicados
Según la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) el 80 % del sector se compone de pequeñas empresas y autónomos, que van a ver cómo a una mayor carga de trabajo se une la posibilidad de que pierdan dinero en muchas operaciones.
De este modo, ahora tendrán que redactar cláusulas con el fin de que no se puedan saltar a los intermediarios, con sanciones económicas si así ocurre, documentando cada una de las peticiones de información que les hacen para demostrar que han hecho su trabajo y que, debido a las facilidades que da la ley, han pasado por encima de ellos sin pagarles.
La Ley de Vivienda, ya aprobada de manera definitiva, ha llegado con una enorme polémica. A ella se han sumado las inmobiliarias, ya que con el artículo 31 en la mano su trabajo burocrático aumenta y además es más sencillo que nunca saltárselas con el fin de firmar un contrato sin pagar por sus servicios.
