¡En llamas! Los Bomberos valencianos dicen basta y se plantan frente a la Generalitat

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El cuerpo de Bomberos Forestales de la Comunitat Valenciana continúa con su lucha por estabilizar al personal en situación de "fraude de ley y abuso de temporalidad"; una problemática que, según datos de RTVE Comunitat Valenciana, afecta a alrededor de 250 trabajadores en la actualidad. Aunque esta cifra se ha ido reduciendo durante los últimos meses, después de que los tribunales valencianos hayan fallado en más de cuarenta ocasiones a favor de los trabajadores del servicio de Bomberos Forestales, en base a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo por la que se considera a los trabajadores contratados ilícitamente como "indefinidos no fijos", de manera que éstos mantendrán su puesto de trabajo hasta que sus plazas se abran a una oferta pública de empleo (OPE) -a pesar de que el personal afectado ya superó un proceso selectivo para acceder a la empresa estatal Tragsa, que era la encargada de gestionar el servicio por aquel entonces-.

En consecuencia, estas ‘victorias’ legales de unos pocos no han sido más que un espejismo de estabilidad, que deja a todo el conjunto de trabajadores expuesto ante la posibilidad de que la administración pública decida agilizar ‘por primera vez en su historia’ la convocatoria de una OPE, borrando de un plumazo un largo historial de irregularidades y contratos fraudulentos concatenados bajo su seno desde el año 2012. En otras palabras, sería igual que prender fuego a una habitación para limpiar la porquería acumulada durante casi una década debajo de la alfombra.

Y es que, tal como se ha mencionado anteriormente, la génesis del conflicto se remonta al año 2012, cuando la empresa Tragsa dejó de convertir los contratos temporales a indefinidos acogiéndose a la recién aprobada reforma laboral, que impedía a las empresas públicas aumentar su plantilla fija. A partir de ese momento, la empresa adoptó una nueva política: firmar contratos de obras y servicios por un periodo de tres meses y renovarlos de manera sucesiva por encima de sus posibilidades. Año tras año. Hasta que en el año 2018 los trabajadores de las brigadas forestales dijeron basta a la precariedad laboral y se movilizaron para exigir unas condiciones dignas, convocando una huelga indefinida que se prolongó durante un total de 68 días. La cual finalizó porque la Generalitat cedió y se comprometió a cumplir con el artículo 23 del VI Convenio Colectivo de los Bomberos Forestales -aún vigente- que determina que en el caso de los trabajadores de las Unidades de Emergencia que hayan trabajado un mínimo de 18 meses consecutivos “se procederá a la conversión de sus contratos de trabajo en indefinidos a tiempo completo”, mientras que los trabajadores de las Unidades de Refuerzo “adquirirán la condición de trabajadores con contrato fijo discontinuo”-dado que, si bien éste no es un problema permanente, sí es cíclico-.

Sin embargo, tras un año en el que no se hicieron efectivos los acuerdos alcanzados con la Conselleria de Justicia, en 2019 nació la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE), creada con el propósito de subrogar las brigadas que actuaban en la Comunidad Valenciana a cargo de Tragsa. Además de heredar la responsabilidad de predicar soluciones mientras se encuentran alternativas para no cumplir con lo pactado. Un lavado de cara en toda regla que no ha hecho más que enquistar la situación. Y así lo refleja un informe de seguimiento de la auditoria operativa sobre los servicios de extinción de incendios forestales elaborado por la Sindicatura de Comptes -órgano a cargo del control del sector público valenciano-, en el que se aseguraba que se “deberían adoptar las medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, respetando los derechos laborales de los trabajadores”. Igualmente, este documento afirmaba que el Consejo de Administración de la SGISE rechazó un informe de sus asesores legales que resolvía que “había fundamentos suficientes para que la empresa pudiera declarar personal indefinido fijo a todos los trabajadores cuando hubiera una causa legal para ello”, siempre que se tratara de personal subrogado de Tragsa. Como así era.

No obstante, a día de hoy la administración pública sigue desestimando esta opción, escogiendo, paradójicamente, la vía incendiaría contra el cuerpo de Bomberos Forestales. Condenando a estos trabajadores que pasaron diversos procesos selectivos a ir a una OPE, con la posibilidad de perder su empleo.

 

¡En llamas! Los Bomberos valencianos dicen basta y se plantan frente a la Generalitat

Autor: Josep Mengual

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