Alicante prohíbe la prostitución

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El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la ordenanza reguladora de Convivencia Cívica para actuar contra las actividades de explotación sexual y la mendicidad ilegal y coactiva en las calles.

Con esta nueva regulación, se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, la ha calificado como «una buena ordenanza muy necesaria», y ha destacado que con esta norma «se da protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales con el Plan de Inclusión Social 2020-2030, al tiempo que ofrece una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad».

La propuesta ha salido adelante por mayoría con los votos a favor de los grupos políticos del Partido Popular (9), Ciudadanos (5) y Vox (1), y el voto en contra de PSOE (9), Compromís (2) y Unidas Podemos (2).

Para el concejal de Seguridad, la nueva norma se ha impulsado desde el equipo de Gobierno con el objetivo de «resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos, para dar protección social a las personas necesitadas, y preservar nuestros barrios como un lugar de convivencia y civismo». La ordenanza también se tramita para «evitar actividades de explotación sexual regulando la utilización del espacio público para el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de dichos servicios cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana».

«No vamos a permitir mafias que explotan a personas, menores o mascotas para ejercer la mendicidad, ni vamos a permitir mafias que coaccionen, amenacen o perturben la convivencia bajo la apariencia de mendicidad, mafias que trafican y explotan a mujeres para prostituirlas, y no vamos a permitir que nadie crea que puede hacer impunemente lo que le dé la gana, incumplir las normas y condicionar el que todos ejerzamos nuestros derechos», ha remarcado González.

En el transcurso del Pleno ordinario de noviembre, el concejal de Seguridad ha reprochado a la oposición que «mirase para otro lado cuando gobernaron, derogaron la ordenanza y no hicieron nada», al tiempo que ha cuestionado que lo que proponen es «no hacer nada ante problemas importantes que conllevan mafias organizadas diariamente en nuestras calles, y abandonar a su suerte a todos los ciudadanos de Alicante sin abordar alternativa alguna».

Basada en el modelo de la FEMP

El equipo de gobierno lleva trabajando en este proyecto de nueva ordenanza durante varios años para su elaboración, y se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también se ha aprobado en muchos Ayuntamientos con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos.

Como ejemplos, González ha citado ciudades con gobiernos de izquierdas como «Barcelona, Bilbao, Burgos, Dénia, Valencia, Granada, Llíria, Águilas, Reus y Getafe».

Al mismo tiempo, el edil ha incidido en el Plan Municipal de Inclusión Social 2020-2030, al que se ha referido como «el instrumento de partida sobre el que estamos actuando para disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos y vecinas de la ciudad y reducir el número de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión. Se configura como la principal herramienta de actuación del equipo de gobierno para promover la cohesión social de la ciudadanía, garantiza dar una atención global y proteger a las personas en riesgo de exclusión social y un acceso a los recursos en igualdad de condiciones».

Cada año, el Ayuntamiento de Alicante destina 23,5 millones de euros de sus presupuestos a estas políticas transversales de auxilio social en sus diferentes áreas de actuación.

La Ordenanza Cívica de Convivencia aprobada inicialmente este jueves se ha sometido a una consulta pública y de participación ciudadana previa, y una vez aprobada inicialmente en el Pleno, posteriormente será expuesta con un período de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas para su aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

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Autor: Mediterráneo DigitalWebsite: https://www.mediterraneodigital.com/
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