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Las ayudas para la protección a la maternidad son copadas en un 70% por mujeres inmigrantes

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El Gobierno de la Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Bienestar Social, ha concedido, desde el año 2009, 411 prestaciones económicas a mujeres embarazadas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un recurso destinado a personas en riesgo de exclusión que busca facilitar su inserción social y laboral. La subvención se adaptó a las consideraciones incluidas en la Ley de Protección a la Maternidad para dar cobertura a las gestantes con el objetivo de que dispongan de todas las facilidades posibles para que continúen con su embarazo.

Durante 2012 se entregaron 77 ayudas de este tipo, que no son las únicas que se ofrecen a las mujeres embarazadas, que también pueden optar a los recursos generales impulsados por la Conselleria. Además, existe la opción de beneficiarse del apoyo de redes de acogida. De hecho, el Diari Oficial de la Comunitat publicó en febrero la orden que regula el programa Primeros Días, que destina un presupuesto de 100.000 euros a entidades sin ánimo de lucro que acogen a las gestantes, como sucede con la Casa Cuna Santa Isabel. Se les ofrece residencia, ayuda psicológica y planes de formación y de educación a cargo de la Sanidad Pública.

Tras la aprobación de la citada ley se creó el programa Más Vida, que desarrolla una serie de iniciativas destinadas a proteger la maternidad y que fue impulsado por el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, durante su etapa al frente de Bienestar Social. La premisa básica de la ley es que el nonato tiene la misma consideración que el hijo nacido, por ejemplo, en el acceso a servicios públicos y educativos. Para beneficiarse de la Renta Garantizada de Ciudadanía hay que ser menor de 25 años y comprometerse a ser parte activa para conseguir la inserción laboral. Puede solicitarse aunque el hijo no haya nacido y la cuantía a recibir depende de varios criterios, desde el nivel de ingresos de su entorno hasta las cargas familiares del interesado. El máximo es 532 euros mensuales y puede cobrarse durante un máximo de tres años.

En el ámbito educativo, las mujeres embarazadas tienen prioridad en la concesión de las ayudas sociales que se ofrecen, como la compra de material escolar. En el caso de que la gestante tenga menos de 16 años tiene derecho a atención domiciliaria y las madres y los padres pueden acogerse a una adaptación curricular y a una flexibilización del periodo de escolarización.

Debido habitualmente a su menor índice de rentas, y al crecimiento desorbitado de la natalidad en el colectivo, la plana mayor de beneficiarias de estas ayudas son mujeres inmigrantes, con especial indicidencia entre las musulmanas y las de origen sudamericano.

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