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Sáb01192019

Última actualizaciónSáb, 19 Ene 2019 2pm

La Generalitat cierra Canal 9: la televisión pública desaparece asfixiada por las deudas

canal9

Histórico. La Generalitat ha anunciado el cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha declarado nulo este mismo martes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que afectó a más de un millar de trabajadores.

"Descartado el camino que había decidido emprender el Consell, sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico", ha anunciado el gobierno valenciano a través de un comunicado hecho público poco después de las siete de la tarde.

"La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos", justifica el Consell.

El gobierno de Fabra asegura que ha anunciado su decisión "con celeridad", sólo unas horas después de conocerse la sentencia, "para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV".

"La Generalitat tiene la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos y ése es el objetivo prioritario de todas las actuaciones que emprende el Consell".

El cierre de RTVV supondrá el despido de los 480 profesionales que aún trabajan en los distintos canales de radio y televisión: Nou, Nou24, NouRàdio y Nou Sí Ràdio. Antes del ERE, la plantilla de la empresa era de 1.628 trabajadores y el expediente se anunció en principio para 1.198 de ellos. Posteriormente RTVV comunicó a 186 técnicos de la su plantilla que no estaban afectados definitivamente por el despido, con el fin de poder garantizar las emisiones.

Antes de la última reestructuración de la empresa, la deuda de RTVV era de cerca de 1.200 millones de euros, que asumió la Generalitat Valenciana. "Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento", ha dicho el Consell tras anunciar el cierre.

La Justicia contra la Generalitat: 'Vulneración de derechos fundamentales'

El TSJ de Valencia ha tumbado el ERE anunciado por RTVV en julio del año pasado al considerar que existió por parte de la empresa pública una "vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas" y había declarado el derecho de los trabajadores afectados a "la reincorporación en sus puestos de trabajo".

En la sentencia hecha pública este martes, el juez considera que se alteraron los criterios una vez confeccionados los listados del personal afectado por el ERE y recuerda que cuando se acordaron los criterios ya se había producido un considerable número de ceses efectivos de otros empleados públicos que podrían haber formado parte de esos nuevos criterios posteriormente aplicados.

El TSJ censura el poco tiempo que se dedicó al periodo consultas y lamenta que no fueran aceptadas ninguna de las propuestas de los sindicatos, incluida la de una reducción de los gastos de personal. La sentencia recordaba que "la condición de ente público del empleador (RTVV) y su sumisión a la normativa presupuestaria no le exime del deber de negociar de buena fe".

En su comunicado, el gobierno de Fabra mantiene que su voluntad fue desde el primer momento mantener abierta RTVV, "en tanto que ofrece un servicio público". Asegura que por ello optó por el ERE. "Asimismo, se promovió una nueva Ley de RTVV que ahondara en la vocación de servicio público, pluralidad y defensa de las señas de identidad de la radio y la televisión públicas".

La Generalitat también se desmarca de toda la negociación posterior, así como de la ejecución del ERE, que, recuerda, "siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública, en tanto que ésta siempre ha tenido entidad jurídica propia".

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