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        Alejo Vidal-Quadras

        
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        Alejo Vidal-Quadras
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        David Enguita

        
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        David Enguita
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        Iñaki Anasagasti
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        Jesús Muñoz

        
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Bankia, nuevo dueño del Valencia: una sentencia judicial arrebata el mando del club a la Generalitat

valencia-bankia

Ni el fútbol escapa de la crisis económica. En la rocambolesca relación entre el Valencia CF, la Generalitat y Bankia se habría llegado a un punto esperpéntico: la entidad bancaria se debe a sí misma 200 millones de euros. Es la consecuencia de un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, que anula el aval de la Generalitat a la Fundación del Valencia CF a un préstamo de Bankia para la compra de acciones del club valenciano de hace cuatro años. Eso significa que la Generalitat, que se sentía dueña del club tras pagar 4,8 millones de intereses de ese crédito y pasar a disponer del 70% de las acciones de la sociedad de Mestalla, habiendo incluso cambiado a los patronos de la Fundación, pierde ese control, en manos ahora de Bankia. Mientras, el presidente del Valencia, Manuel Llorente, negocia la refinanciación de otro préstamo de Bankia de 200 millones de euros.

"A efectos ejecutivos no nos afecta en nada", dijo una fuente del Valencia, convencida de que Bankia no ejecutará las acciones y se verá obligaba a llegar a un acuerdo final con el club. En el banco, aseguran que ese préstamo está "al corriente de pago" y, por tanto, no se ejecutará la garantía de las acciones. El problema es quién va a devolver los 4,8 millones a la Generalitat y, en segundo lugar, quién se hará cargo del resto del crédito, que ascidende a 86 millones. Ni la Fundación ni el Valencia están en disposición económica de responder. La juez, Laura Alabau Martí, exige "la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en favor del Valencia Club de Fútbol". El IVF puede recurrir la sentencia.

Todo se remonta al verano de 2009, cuando Llorente accede a la presidencia y debe hacer frente a una deuda de 550 millones. Para evitar entrar en concurso de acreedores, aparte de vender a los mejores jugadores decide llevar a cabo una ampliación de capital de 92 millones. Los socios, en primera instancia, solo cubren 18 millones. El resto se lo queda la Fundación del club con un crédito de 75 que con los intereses llega a 86. Pero la Fundación no genera ingresos, el Consell presidido por Francisco Camps acude a su rescate y avala ese préstamo. Entonces un grupo de socios impugna en 2010 esa ampliación al considerar que se vulneraba su derecho de suscripción preferente. Y ahora la juez les da la razón porque los títulos no vendidos en esta fase inicial no fueron puestos en el mercado en una segunda etapa para el público general. Los compró todos la Fundación. Javier Gómez, expresidente del Valencia y ejecutor de esa ampliación, fue indemizado meses después por el club con unos 700.000 euros y ahora trabaja para la Liga de Fútbol Profesional.

La sentencia es un varapalo a la Generalitat. Argumenta que la operación del IVF entrañaba ciertos riesgos que no debería haber sido asumidos de haberse ajustado a los límites a la concesión de ayudas de la Generalitat prevenidos en la Ley de Hacienda Pública Valenciana. Subraya que en los últimos meses no consta que la Fundación "haya acreditado contar con capital, ingresos o patrimonio alguno con que atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el instituto Valenciano de Finanzas". También le critica por haber prescindido "absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes autoridades europeas". La Unión Europea está estudiando en los últimos meses la legalidad de la ayuda pública en España al fútbol profesional.

La Generalitat no solo avaló en su día parte de la deuda del Valencia. Hizo otro tanto con una del Hércules (18 millones) y otra del Elche (14). "Resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al IVF, sino cuantiosas pérdidas al propio IFV y a la Generalitat que responde por él", concluye la sentencia.

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