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Lun12102018

Última actualizaciónLun, 10 Dic 2018 11am

¿Qué hará el Gobierno de España? El 'procés' arranca en Cataluña: 18 meses para la independencia

rajoy-lamoncloa

El Gobierno en funciones tiene limitadas sus actuaciones políticas, pero dispone de plena capacidad para tomar las decisiones jurídicas que sean necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y de la resolución del Constitucional que anuló la declaración independentista del Parlamento catalán.

Así lo han asegurado a este diario fuentes del Ejecutivo, que citan las disposiciones de la Ley del Gobierno. En ella se limita su actuación «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».

Las fuentes consultadas aseguran que resulta obvio que el desafío independentista catalán incurre claramente en el apartado de «casos de urgencia» o de «interés general». Por ello, añaden, esta norma legal autoriza al Ejecutivo a tomar medidas puramente jurídicas -apelar de nuevo al Constitucional en ejecución de sentencia- o políticas -activar el artículo 155 de la Constitución- «para abortar cualquier intento de mantener el proceso vivo». Esto es: en la hipótesis -verosímil- de que el nuevo Gobierno presidido por Carles Puigdemont -que será investido como presidente de la Generalitat- o el Parlamento catalán impulsen el desarrollo de la resolución independentista que fue anulada por el Constitucional. Hay que recordar que el citado tribunal ya advirtió el pasado mes de noviembre a 21 altos cargos del Parlamento y la Generalitat «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

Esta prohibición bajo amenaza de cometer un delito que pesaba sobre los altos cargos de las instituciones catalanas sigue pesando. «Nos da lo mismo que el presidente del Gobierno catalán se llame Mas o Puigdemont, el Gobierno hará cumplir la ley porque funciona a pleno rendimiento, aunque esté en funciones», aseguran las fuentes consultadas. La estrategia del presidente en funciones será la misma que ha mantenido durante su mandato de respuesta proporcional, en función de la gravedad de las decisiones que vayan tomando los impulsores del proceso independentista. Rajoy ha dicho muchas veces que «la contundencia en la respuesta no está reñida con la proporcionalidad».

El pasado 2 de diciembre, en su sentencia de suspensión definitiva de la resolución soberanista, el Constitucional dejó claro que «la Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad». Por tanto, ni el Parlamento ni el nuevo Gobierno presidido por el hasta ahora alcalde de Girona pueden impulsar iniciativa alguna para desarrollar esa resolución, dado que incurrirían en un presunto delito de desobediencia.

Dependiendo de cuál fuera la gravedad de la desobediencia, el Gobierno podría eventualmente recurrir al Constitucional en el trámite de ejecución de sentencia, o bien tomar la decisión política más contundente que tiene entre sus competencias: activar el artículo 155 de la Constitución, asumiendo parte de las competencias autonómicas con el fin de obligar al cumplimiento de la ley a quien hubiere desobedecido, sea el Parlamento o el nuevo Gobierno catalán.

En este sentido, según fuentes de La Moncloa, la constitución del Senado el próximo miércoles es un hecho importante, puesto que será una Cámara a pleno rendimiento y con mayoría absoluta del PP. Hay que recordar que las propuestas concretas que el Gobierno pueda incluir en la aplicación del artículo 155 deben ser aprobadas por la Cámara Alta.

>>>>>  Comunicado urgente de La Moncloa sobre el nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña

 

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