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Dom02172019

Última actualizaciónDom, 17 Feb 2019 11pm

España se gasta 244 millones de euros en atender en la Sanidad Pública a los inmigrantes ilegales

cola-inmigrantes

España gasta 244 millones de euros en atender a los 185.000 inmigrantes en situación administrativa irregular que, por ley, pueden acceder a todos los servicios sanitarios en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, según ha informado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno.

Se trata de las mujeres embarazadas, los menores de edad y las personas que padecen una enfermedad infecciosa y que pueden generar un problema de salud pública. "Actualmente son 185.000 los que atendemos por ley del mismo modo que atendemos a cualquier nacional. Todos ellos suponen 244 millones de euros que pagamos entre todos", ha apostillado, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Estas declaraciones se producen un día después de la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que, a pesar de que no iba en el orden del día, los consejeros sanitarios socialistas instaron al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, a derogar el Real Decreto 16/2012 y a devolver la asistencia sanitaria en las consultas de Atención Primaria a todas las personas en situación administrativa irregular, como se hacía antes de la aprobación de dicha normativa.

Además, a las puertas del Ministerio, y coincidiendo con el CISNS, miembros de Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Odusalud y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) se concentraron para pedir la restitución de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Ministerio ha respondido a estas peticiones asegurando que no van a derogar el Real Decreto, porque ha evitado el turismo sanitario y, por ende, un gasto anual de 1.000 millones de euros; pero que sí van a estudiar mecanismos para atender de forma correcta a este colectivo. De hecho, tal y como ha comentado Moreno, el pasado 14 de julio se llegó a un acuerdo con los anteriores consejeros autonómicos en el que se establecían las pautas para atender a este colectivo y el cual fue ratificado por todos los allí presentes.

El documento señalaba que para que fueran atendidos deberían llevar un tiempo mínimo empadronados, ser mayor de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, no estar exportando el derecho de su país de origen ni existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria y no tener más de 100.000 euros de renta. A todos ellos, se les daría sólo un documento --no una tarjeta sanitaria-- que les daría derecho a ser atendidos en la comunidad que se lo facilitara y cuya validez sería de un año renovable.

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