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El Estado y la Generalitat pactan en secreto una consulta 'light' y aceptada por el Gobierno

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Cuando el 12 de diciembre del 2013 el president de la GeneralitatArtur Mas anunció solemnemente que había pactado con el resto de partidos proconsulta una fecha de convocatoria -el 9 de noviembre- y una doble pregunta para el referéndum soberanista, el sociólogo de cabecera del PP, Pedro Arriola, llevaba meses siendo el portavoz de Mariano Rajoy en las conversaciones secretas que mantenía con Joan Rigol, el histórico dirigente de Unió y responsable del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que actuaba como emisario de Mas.

Se intentaba reconducir las relaciones entre el Estado y la Generalitat en un plano de máxima discreción. Tanto, que uno de los primeros pactos que alcanzaron es que si estos encuentros -que se celebraron en Madrid y en Barcelona- se hacían públicos, serían negados por las partes implicadas. Según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras de estos contactos, en enero del 2014 se unió a ellos un tercer hombre, el socialista José Enrique Serrano, al que el entonces secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, colocó en el tablero. Una estrategia a la que meses después dio su bendición el heredero de la dirección del PSOE, Pedro Sánchez. Este triángulo de fontaneros políticos ha mantenido abierto el grifo del diálogo contra viento y marea y hasta las horas previas al 9-N.

Conversaciones secretas para 'descafeinar' y 'tolerar' la consulta

La existencia de esta vía de comunicación explica que, en la pasada Navidad, la decisión de Mas de colocar en el calendario la consulta sin avisar antes a la Moncloa molestase tanto a Rajoy. La cuerda se tensó: el 18 de diciembre, en la copa navideña que ofrece el Ejecutivo a la prensa, un periodista le preguntó al presidente si no tenía vértigo por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos en Cataluña. Él respondió airado con su ya célebre «a ver a quién le da más vértigo». La situación se había enturbiado, pero no llegó a suponer la ruptura de las negociaciones entre los emisarios del Gobierno central y la Generalitat. Es más: fue en ese escenario crítico en el que se fichó a Serrano para completar el equipo.

La intención era que las conversaciones en torno a la consulta, que en aquellos primeros días del año ya era conocida como «el 9-N», sirvieran para hallar una salida política al proceso. Así, la reforma constitucional como tercera vía, la posibilidad de cambiar la pregunta o distintas fórmulas para buscar encaje constitucional al proceso han ocupado horas y horas de conversación entre estos tres veteranos. «Ha sido una vía muy útil para reducir hostilidades en momentos clave y para intercambiar mensajes con rapidez».

El silencio que ha rodeado a estos encuentros ha sido clave para que fueran posibles, según las fuentes consultadas. Y eso pese a que algunos dirigentes políticos han insistido en fechas recientes en que había más movimiento del que se percibía a simple vista. «Yo puedo asegurar que en este momento se está negociando con el Estado», afirmó el pasado 27 de septiembre la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en Catalunya Ràdio.

Había negociaciones. Y diálogo para intentar reconducir un proceso que, según se confirmó ayer, terminará finalmente en una consulta descafeinada -y tolerada por Rajoy- en manos de sociedad civil.

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