Los concejales de Torrevieja, 400.000 euros en prostitución desde los móviles municipales

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Una denuncia en Fiscalía, la dimisión de un concejal y una tormenta política con la que lídia el alcalde del municipio alicantino de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), es lo que ha dado de sí (hasta el momento) el llamado 'caso móviles', en el que los grupos de la oposición denuncian el gasto entre 2010 y 2012 de más de 400.000 euros anuales de dinero público por el uso inadecuado de los teléfonos móviles oficiales de sus concejales.

En los más de 6.000 folios con facturas que PSOE, APTCe y Los Verdes han presentado al Fiscal Jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, para que valore el inicio de una investigación por malversación figuran desde las llamadas a teléfonos 803 de servicios sexuales y contratación de prostitutas que, presuntamente, habría hecho desde su terminal el ex concejal de Deportes y Educación, Daniel Plaza (entregó su acta de edil debido a este hecho), hasta la compra de partidos de fútbol o el abono a canales especializados en pornografía que habría realizado el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Gil.

Otros usos menos escandalosos, aunque igualmente reprobables para la oposición, son el cúmulo de conversaciones del concejal de Tráfico, Javier Montoro, con su pareja sentimental o los más de 200 SMS de felicitación que la edil de Participación Ciudadana, Comercio y Hostelería, Agustina Esteve, envió en los dos días de Navidad de 2010 y 2011.

De momento, solo asumió responsabilidad el único concejal que ha dimitido por este motivo. En las facturas de su teléfono presentadas al fiscal por la oposición se acumulaban llamadas a prostitutas durante los últimos cino años. Las llamadas se realizaban durante cualquier día de la semana, laboral o festivo, en ocasiones hasta ocho veces por día, a números de servicios sexuales en Alicante, Murcia o Torrevieja. Algunasfacturas rebasan los 400 euros y aunque el ex edil se vio forzado a presentar su renuncia, niega que él las haya realizado y se defiende alegando que alguien ha hecho mal uso de su teléfono móvil.

Sea como fuere, el primer edil se ha visto obligado a ejemplarizar y ha anunciado la aplicación de unas normas y principios generales de buen uso de los recursos y servicios de telecomunicaciones en el ayuntamiento. "No solamente para concejales y personal de confianza, sino para todos los funcionarios que trabajan en este Ayuntamiento y que cuentan con un teléfono móvil asignado a ellos". Explicaba también que de las 292 líneas activas con las que cuenta el consistorio, 50 están abiertas (el 17% de ellas), mientras que las demás tienen restringidas las llamadas a teléfonos municipales o un límite de gasto a una lista de teléfonos vinculados.

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