La mujer que prendió fuego al violador de su hija entrará en prisión para cumplir su condena

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La mujer de Benejúzar que prendió fuego y mató al violador de su hija tendrá que ingresar en prisión en las próximas horas. La Audiencia Provincial de Alicante ha denegado la petición del abogado de la defensa de paralizar el encarcelamiento hasta que el Tribunal Supremo resolviera el recurso contra la decisión del Consejo de Ministros de denegar el indulto.

María del Carmen García debe cumplir una pena de cinco años y medio de cárcel por haber prendido fuego tras rociarle con gasolina al hombre que años antes había violado a su hija. Aunque la Audiencia de Alicante la condenó a nueve años y mediode prisión, el Supremo redujo la sentencia al considerar que la mujer sufrió un trastorno mental al encontrarse paseando por el pueblo al violador de su hija, que disfrutaba de un permiso.

A pesar de que tanto la sala como la Fiscalía habían respaldado un indulto parcial de la mitad de la condena, el Consejo de Ministros denegó conceder la medida de gracia. La defensa pretendía frenar el encarcelamiento, dado que la mujer ya había pasado un año en prisión preventiva.

El abogado recurrió la decisión al Supremo por considerarla "discriminatoria" y "arbitraria" y solicitó que mientras se resolvía esta apelación se paralizara el encarcelamiento. Sin embargo, la sala no ha aceptado la petición. La resolución de la Audiencia no especifica en qué fecha tendrá que ingresar en un centro penitenciario, aunque todo apunta a que el encarcelamiento es inminente.

La sección séptima de la Audiencia ha rechazado la suspensión cautelar de la entrada en prisión de la madre condenada en base al principio general establecido en el artículo 117 de la Constitución y en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces y tribunales "juzgarán y harán ejecutar lo juzgado".

El auto recuerda que el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, "una vez se haya declarado la firmeza de la sentencia, se procederá a su ejecución". El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en otras ocasiones respecto a la suspensión de las ejecuciones como consecuencia de la interposición de las demandas de amparo constitucional, para subrayar que "en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial".

Por tanto, la sala entiende que "la interposición de un contencioso-administrativo per se, en nada afecta a la ejecución de la pena impuesta en sentencia a la aquí solicitante", y considera que "en todo caso, corresponderá a la sala de lo contencioso que conozca el recurso, suspender de oficio o a instancia de la recurrente, la ejecución del acto".

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