La cazadora, cazada: la diputada de EU que denunció al PP de Valencia, imputada por corrupta

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Ni en sus peores pesadillas la máxima representante institucional que le queda a EU en la Comunitat Valenciana, tras dos debacles electorales seguidas, podía temer que tendría que acudir a declarar ante la Guardia Civil, con abogado incorporado, como se vieron obligados a hacer Alfonso Rus, Máximo Caturla, Emilio Llopis y Juan José Medina hace casi un mes.

Ella, que lleva la pechera cuajada de medallas -no duda en colgárselas y en acomodarse las que le ponen- por contribuir a convertir en carbonilla al (ya ex) barón popular de Xàtiva y a sus más fieles colaboradores, recibió el miércoles una de esas llamadas inesperadas que dejan marca.

Rosa Pérez Garijo, la diputada que ayudó a la Anticorrupción a abrir una causa judicial que ha rajado en canal al PP valenciano tendrá que presentarse el martes a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) en calidad de investigada. A los del PP que también fueron al cuartel de Patraix, tanto a quienes acudieron por su pie como a quienes fueron detenidos, se les llamó imputados.

Es como la fábula del cazador cazado. En este caso, con cambio de género necesario: la cazadora cazada.

Quien ha aplaudido las detenciones de la que fue poderosa cúpula provincial del PP ve ahora la mano negra del Ministerio del Interior en la llamada de teléfono que recibió. Un departamento de Interior que no ha puesto cortapisas para dejar que broten las investigaciones sobre casos de corrupción en el partido que está en el Gobierno, el PP.

Y encima de tener que declarar y de que se tenga que poner casi en la misma situación que Rus, a Pérez Garijo la han citado a la hora del Ángelus. A ella, militante del partido comunista de toda la vida.

¿Y cuál es el motivo por el que la UCO la ha citado? No es otro que la firma de la diputada aparece en un documento que le presentó el último gerente que tuvo Imelsa con el PP, Rafael Soler, al igual que la de Emili Altur, de Compromís, o la de Raúl Pardós, del PSPV, y la de José Manuel Orengo, como portavoz del PSPV en la mayor parte de la última legislatura de Rus.

En ese documento los diputados de la oposición que ejercían de consejeros de la empresa pública Imelsa -la que presuntamente utilizó el PP para realizar mordidas- reconocían la contratación de ocho asesores, contratados únicamente para ejercer como tales ante los consejeros en los asuntos relacionados con la empresa pública. Práctica que no se cumplió, porque los asesores daban apoyo a los diputados en temas de Imelsa y trabajaban para el partido, bien en el grupo -es el caso de EU, que tenía dos asesores, uno pagado por la Diputación y otro por Imelsa- bien en la sede del partido.

Eso era una práctica habitual en el PSPV, que tenía cuatro asesores para un solo consejero, uno para EU, otro para Compromís y tres para el PP. Al margen estaban los que pagaba la Diputación a los grupos políticos y los que contrataban los populares para que trabajaran en la Diputación a cargo del presupuesto de Imelsa, los 41 que se conocen también como «falsos asesores».

Pérez Garijo reconoció ayer que sí, que Imelsa le pagaba un asesor, un joven que empezó entrando al despacho de EU y que el sueldo se lo pagaba el partido. Eso fue entre 2012 y 2013. Y en febrero de 2014 el gasto ya corrió a cargo de Imelsa para «realizar los servicios técnicos y de asesoramiento al consejero Rosa Pérez Garijo perteneciente al consejo de administración» de la empresa.

Pérez dijo ayer que no negoció ni directa ni indirectamente con el resto de grupos políticos la contratación de personal de asesoramiento a cargo de Imelsa, aunque reconoció que sí, que se le contrató a un asesor, y firmó aquel documento que le puso delante Rafael Soler en la recta final de la pasada legislatura. Como siempre pasa en estos casos, ella no sabía nada.

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