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¡La gente ya no puede más! Patrullas vecinales en Parla para expulsar a los gitanos okupas

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La guerrilla urbana contra los okupas ya ha comenzado en Parla. Los vecinos han organizado patrullas ciudadanas para echar de su territorio a los residentes que toman ilegalmente inmuebles vacíos cambiando los bombines de las puertas o a golpe de patada –buena parte cuando sus propietarios se han ausentado por vacaciones–. Las «okupaciones» en este municipio se han multiplicado en el último año y medio ante la inacción de las autoridades y una justicia que desampara a los dueños. Pero los ciudadanos de Parla no quiere esperar eternos procesos judiciales para recobrar su normalidad y su derecho, así que los «okupas», en su mayoría personas de etnia gitana, se vieron ayer hostigados con cortes de luz, agua, tapiado directo de «sus viviendas» y concentraciones de gente a las puertas de las casas usurpadas.

Minutos tensos se vivieron en torno a las siete de la tarde ayer en el número 23 de la calle Géminis (Parla Este). Un centenar de vecinos, que previamente habían cortado el suministro de luz a Rubén, un okupa de etnia gitana que vive con sus tres hijasenun chalé de tres plantas y cuatro habitaciones, se agolparon a las puertas del adosado ante la mirada burlesca de este. «¡No te queremos aquí!»; «¡vete!»; «¡trabaja!»; «¡paga como todo el mundo!», vociferaba la «guerrilla» vecinal. El silencio de Rubén se cortó para amenazarles: «No quiero problemas. Si los queréis, aquí estoy. Quien atraviese esta puerta se las verá con mi familia».

Este hombre, de 29 años, se justificaba en declaraciones al Diario ABC: «Tengo tres hijas, estoy divorciado y no tengo nóminas. Me dedico a la venta ambulante y no puedo pagar una casa. Pido que el Ayuntamiento me dé una casa por 150 o 200 euros. No necesito un chalé. Me conformo con un piso de dos habitaciones. Llevo desde los 16 años de okupa. Si no me dan una casa, me ahorco. ¿Para qué quiero vivir? ¿Para trabajar y sufrir?». Mientras Rubén decía estas palabras, Juanma, un español, también «okupa» al que la Policía filió ayer después de echarle de «su morada» le dijo: «No te preocupes por la luz. Acabo de enganchársela a otro vecino por 150 euros». Ninguno de los moradores ilegales sabía que el «comando antiokupa» perturbaría ayer su tranquilidad.

Los gitanos piden 5.000 euros a los dueños para 'desocupar' sus propias viviendas

La patrulla continuó hasta la zona de chalés, también tomada, de Leguario. Les acompañaban los propietarios de uno de estos inmuebles «okupados»: dos asiáticos que durante la mañana habían acudido a su casa para exigir a los gitanos «okupas» que se fueran. «Si nos dais 5.000 euros nos vamos», les contestaron los arrebatadores. Los chinos regresaron por la noche con los «antiokupas» y las dotaciones policiales que en todo momento se desplazaron junto a ellos para evitar altercados. Era en torno a las nueve de la noche y su chalé estaba vacío, así que aprovecharon para cambiar el bombín con un cerrajero y devolver la vivienda.

Los vecinos no podían haber realizado esta operación en presencia policial, así que los agentes se marcharon para dejarles actuar. En cuanto entraron comenzaron a sacar a la calle las pertenencias de los «okupas». «Yo estoy hipotecado por mi chalé con 420.000 euros. Pago 600 euros de IBI, 70 euros de agua, 160 de luz, y llegan ellos y no pagan nada. Si no hacemos esto nos comen. Todos los vecinos hemos puesto alarmas, rejas y estamos atemorizados porque puedan tomar nuestras casas», explicaba un residente.

Cada noche, desde hace un mes, 30 vecinos patrullan a pie la calle para evitar nuevas ocupaciones y tapiar viviendas vacías. La realidad de Parla se repite a lo largo de todo territorio nacional sin que las administraciones tomen cartas en el asunto y los procesos judiciales se dilaten hasta tres años. El artículo 245 del Código Penal contempla penas de prisión de uno a dos años para ocupaciones con violencia e intimidación, pero según fuentes jurídicas, esta medida no suele aplicarse. Cuando se demuestra la ocupación, tras años de espera, solo se procede al desalojo. Los propietarios, de momento, se quedan fuera de sus propias casas.

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