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Solicitan a la Justicia española que impute a Francisco Franco por crímenes contra la humanidad

franco

La Memoria Histórica, de buscar la concordia entre los españoles a reabrir heridas del pasado más oscuro de nuestro devenir en común.

Una asociación de represaliados republicanos ha anunciado públicamente su intención de solicitar, ante los Tribunales de Justicia españoles, que se reabra la instrucción del caso contra el anterior Jefe del Estado, el General Francisco Franco, acusado de crímenes por lesa humanidad.

La causa ya fue instruida en su día por Baltasar Garzón, entonces magistrado juez de la Audiencia Nacional, que en Octubre de 2008 decidió imputar a Franco, fallecido desde 1975 por «presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad».

En aquel auto, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional resaltó que instruía la causa con «el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por tales circunstancias», así como que el cometido de la justicia no era el «de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil».

El Juez llegó a dar por constados los siguientes hechos:

"De lo dicho anteriormente y de los hechos que acontecieron posteriormente al 18 de julio de 1936, se constata que el alzamiento o insurrección armada que se materializó en esa fecha, fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España, en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos Organismos de la Nación y ello, como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del territorio nacional, situación que continuó, en mayor o menor medida, durante los años siguientes, una vez concluyó la Guerra Civil, y cuya realidad pretende concretarse en esta investigación, así como los autores, en cada caso, con el fin de individualizar las conductas y los responsables de las mismas, y resolver sobre la extinción de su posible responsabilidad penal, de haber fallecido. [...] La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental, que estas conductas agredan en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, que constituyen los pilares sobre los que se constituye una sociedad civilizada y el propio Estado de Derecho".

A pesar de lo insólito del caso y lo llamativo de la petición, no sería ni mucho menos el primer cargo del franquismo reclamado formalmente por la Justicia en pleno siglo XXI. A finales del año pasado, la sección argentina de Interpol ya solicitó a Madrid la detención preventiva, con fines de extradición, de los últimos 20 imputados por los 'crímenes de la dictadura', entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Una polémica decisión que no llegó a consumarse ante la inacción del Gobierno español.

Con un voluminoso dictamen de 307 páginas, el Ministerio Público de Buenos Aires pidió entonces la imputación de varios exfuncionarios del régimen de Franco, y que se dictara una orden de detención internacional y extradición en el marco de la denominada 'Querella Argentina'. La solicitud de declaración indagatoria por supuestos crímenes durante el franquismo, recayó sobre numerosos ministros, miembros de los aparatos judiciales y de las fuerzas armadas españolas.

El fiscal argentino solicitó también a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno de España los archivos referidos a la detención, la tortura y el fusilamiento del presidente Lluís Companys, del que ahora se cumplen 75 años, así como las exhumaciones solicitadas por diversos familiares de personas enterradas, todavía sin localizar, en fosas comunes durante la Guerra Civil.

 

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