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La Justicia, dividida: la Fiscalía de Cataluña, en contra de imputar a Artur Mas por la consulta del 9N

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Los fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) discreparon del proyecto de querella contra Artur Mas planteada por la Fiscalía General del Estado, debido a los errores que contenía, a las dificultades jurídicas que presentaba y a algunas expresiones contenidas en ella, como "Gobierno sedicente", en referencia al Ejecutivo catalán. A estas discrepancias obedeció la reunión celebrada ayer en Madrid entre los máximos representantes de los dos estamentos y que finalizó con la decisión de que la Fiscalía del TSJC adopte la decisión final en torno a la querella y que se dé informe a la Fiscalía General del Estado.

La intención de la Fiscalía General del Estado es que la querella contra Artur Mas y otros miembros del Consell Executiu se formalizara el lunes, 10; es decir, al día siguiente de que se celebrara el proceso de participación, pero por ahora esta opción se ha ido demorando día tras día por diversos motivos. El principal es el desacuerdo con el proyecto de querella remitida desde Madrid. El documento fue objeto de estudio en una reunión celebrada el martes por la mañana en la sede de la Fiscalía del TSJC, en la que participaron los fiscales adscritos a este departamento, y que mayoritariamente mostraron su desacuerdo con el texto.

Una de las objeciones fundamentales fueron los errores que se contenían en el texto. Por ejemplo, se pretendía dirigir contra Ramon Espadaler, al que se definía como conseller de Governació i Interior y al que se atribuía la responsabilidad de la confección de las papeletas para la consulta. Espadaler es sólo titular de Interior, y las papeletas fueron confeccionadas por el CIRE, un organismo que dirige el trabajo que hacen los presos en las cárceles catalanas. En Cataluña, las penitenciarías dependen de la Conselleria de Justícia y el convenio para la elaboración de las papeletas fue suscrito por el CIRE y Governació, departamentos con los que nada tiene que ver Espadaler. Además, en la querella de Madrid se aludía al Consell Executiu como "Gobierno sedicente", expresión que los fiscales de Cataluña consideraron que no era de recibo en una querella de la Fiscalía del TSJC.

Por otra parte, estaban las cuestiones técnicas. Por ejemplo, el proyecto establecía tres posibles delitos: prevaricación, desobediencia, por no hacer caso de la suspensión que ordenó el Constitucional, y usurpación de funciones, cometida por las autoridades que impidieron ejecutar una resolución judicial, de nuevo por la prohibición de llevar el proceso de participación.

La tesis de la Fiscalía de Catalunya es que es posible proceder contra Artur Mas, contra la vicepresidenta Joana Ortega y posiblemente contra la consellera de Educació, Irene Rigau, por los correos electrónicos pidiendo a los centros de enseñanza públicos que cedieran sus locales. Pero no será fácil, porque para los fiscales catalanes lo más claro sería la desobediencia. La prevaricación, en cambio, es complicada al tratarse de una decisión política y no administrativa.

Ante todas estas dificultades, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, solicitó entrevistarse con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para llegar a una conclusión sobre qué hacer. La reunión se celebró ayer por la tarde en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid. También estuvieron presentes el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General, Jaime Moreno, y el teniente fiscal de la Fiscalía del TSJC, Francisco Bañeres. Según un escueto comunicado de la Fiscalía general, la sesión duró una hora y media y en ella se estudió "la valoración jurídico-penal" del proceso. El texto que fue difundido añade que la Fiscalía de Catalunya dará cuenta a la Fiscalía General del Estado "de la decisión que adopte", lo que equivale a decir que la decisión final se deberá adoptar en Barcelona. En todo caso, en medios del propio Ministerio Público se subraya que la redacción final deberá ser visada por la Fiscalía General del Estado antes de su presentación.

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