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La Unión Europea declara ilegal el céntimo santiario que aplican las Comunidades Autónomas

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Europa ha declarado la ilegalidad del 'céntimo sanitario' que estaban aplicando algunas comunidades autónomas españolas al considerar que este impuesto incumple con la normativa europea en materia de fiscalidad y la directiva sobre Impuestos Especiales.

La sentencia tiene carácter retroactivo porque entiende que el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña no han obrado "de buena fe" al no hacer caso a varias sentencias y dictámentes anteriores en los que se advertía de la ilegalidad de este tributo.

Sin la limitación en el tiempo autorizada, las comunidades autónomas deberán reembolsar el dinero recaudado desde la introducción de este impuesto, que asciende a unos 13.000 millones de euros. No obstante parte de esta cantidad ya recaudada puede haber prescrito y por tanto no debería ser devuelta.

El Alto Tribunal argumenta que la ley europea permite que los hidrocarburos puedan estar sujetos a impuestos indirectos distintos del impuesto especial armonizado establecido por dicha directiva, aunque para ello son necesarios dos requisitos que no se han cumplido en el caso español.

Por un lado el gravamen debe perseguir una o varias finalidades específicas y, por otro, debe respetar las normas impositivas que se aplican al resto de impuestos especiales y del IVA en lo que respecta a su aplicación, base imponible, liquidación y devengo.

La Justicia cree que en el caso de España no han cumplido ninguno de estos dos requisitos. En primer lugar la finalidad recaudatoria no es específica ya que ha sido creado para financiar competencias de las Comunidades Autónomas, para lo que ya existe la actividad fiscal ordinaria recogida en los presupuestos de cada Gobierno regional. "El aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica", argumenta la Corte de Luxemburgo.

También defiende que el hecho de que, en virtud de la norma nacional, este impuesto especial este orientado a atender gastos en materia sanitaria no basta para considerar que tiene una finalidad específica ya que, sí ese fuera el caso, "cualquier impuesto podría considerarse que también tiene una finalidad específica". Para considerarlo así el tributo "debería tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto", apunta la sentencia.

La demanda ante el TJUE fue presentada por una empresa de transportes de Cataluña, que solicitó que se le reembolsaran los 45.000 euros que ha tuvo que pagar a través de este impuesto alegando que era ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a la Corte europea que se pronunciara sobre este asunto. La opinión preliminar apuntada por el por el abogado general del TJUE, Nils Whal, el pasado mes de octubre ya sostenía que este tributo era incompatible con la normativa comunitaria, alegando las mismas dos razones que hoy da por buenas el Tribunal General de la Corte Europea.

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