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La familia Pujol contraataca: demandan para impedir que la Justicia española entre a sus cuentas

jordipujol-oriolpujol

Ni siquiera se esforzará en defender su presunción de inocencia: directamente, intentará evitar que la Justicia le pueda investigar. Lejos de seguir la senda del arrepentimiento que anunciaba la carta de confesión de la evasión fiscal de Jordi Pujol, la familia ha decidido arremeter contra las iniciativas judiciales abiertas. Así se evidencia del escrito que los abogados de los Pujol tienen previsto presentar este martes ante la Justicia andorrana para impedir que acepte la petición de las autoridades españolas de revelar una serie de datos bancarios y movimientos que habrían registrado las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer, Mercè Gironès.

Según adelantó ayer El diari d'Andorra, la estrategia defensora del ex president y de su familia pasa por restar validez a la principal prueba de cargo hasta el momento, las revelaciones bancarias que apuntalan cuantiosas transferencias en 2010 a nombre de distintos hijos de los Pujol. El objetivo de la familia del ex presidente catalán es obtener la nulidad de esta prueba al entender que habría llegado a los investigadores de manera ilícita, esto es, a partir de la supuesta sustracción de los documentos incriminadores por parte de un ex trabajador de Banca Privada, donde estaban abiertas las cuentas.

De esta manera, al igual que las escuchas obtenidas sin autorización judicial u otras pruebas conseguidas a través de una incitación a delito o con vulneración de derechos fundamentales, los abogados de Pujol pretenden que la posible obtención ilegítima de los movimientos bancarios de las cuentas pueda contaminar el resto de la investigación hasta hacerla decaer.

De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no remitió hasta hace unas semanas, a raíz de la publicación el 7 de julio en El Mundo de una información que apuntaba a los ingresos de 3,4 millones de euros de la familia Pujol en la banca andorrana, la petición de una comisión rogatoria para comprobar la veracidad de estos datos.

Además, el juez se decidió entonces a imputar tanto a Jordi Pujol Ferrusola como a su ex mujer para que den las explicaciones oportunas ante la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

A esta circunstancia se aferra también el escrito de defensa de los Pujol, según el rotativo andorrano: para los abogados, la petición de datos impulsada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional responde a una suerte de «escaneo global» del estado bancario de la familia, de manera que se pide información «para ver si se puede imputar un delito a partir de la información recibida», saltándose su derecho a la presunción de inocencia.

De hecho, los abogados hacen hincapié en la falta de concreción de los tipos penales en que habría incurrido Pujol Ferrusola y su ex mujer por los supuestos movimientos bancarios investigados, y es que sin ese soporte legal, aseguran, las autoridades andorranas no están obligadas a colaborar con la Justicia española.

Otro argumento sobre el que pivotaría el escrito de la defensa se centra en el momento político que sacude Cataluña. La defensa de los Pujol entiende, según las citadas fuentes, que sólo se ha puesto en marcha la maquinaria judicial contra la familia en consideración del momento álgido del proceso independentista, a las puertas de la convocatoria de una consulta que no cuenta con el respaldo legal.

Los abogados de los Pujol también prevén presentar esta mañana una querella en nombre del ex president por la supuesta revelación de datos confidenciales, los que aluden al dinero que posee en Andorra y que él asegura que proceden de una herencia de su padre de los años ochenta. La querella no irá dirigida contra los bancos donde tenía abierta la controvertida cuenta, Banca Privada d'Andorra (BPA) y And Bank en principio, sino contra persona no desconocida, por considerar que podría haber sido objeto de hurto por parte de un ex trabajador. Este supuesto podría excluir de responsabilidad a las entidades bancarias implicadas, que están obligadas a guardar secreto sobre los documentos que custodian.

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