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        Alejo Vidal-Quadras

        
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        Erik Encinas

        
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        Erik Encinas
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        Jesús Muñoz
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        Jordi Garriga

        
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        Jordi Garriga
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        Juan Vicente Santacreu
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El Tribunal Constitucional suspende (también) la nueva Ley del Deporte catalana

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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley Catalana de Ejercicio de Profesiones del Deporte. La norma, por tanto, queda suspendida durante cinco meses prorrogables, o hasta el que TC resuelva sobre el fondo del asunto. Lo sucedido es la consecuencia automática de la presentación del recurso anunciada por el Gobierno el 19 de febrero.

La noticia dada hace dos semanas por el Consejo de Ministros conllevaba la presentación del recurso por la Abogacía del Estado, su admisión a trámite automática y la también automática suspensión de la ley impugnada.

El tribunal dará ahora traslado del recurso al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. La ley impugnada autorizaba a la comunidad autónoma a firmar acuerdos internacionales y ponía excepciones a la ley de unidad de mercado que rige en toda España.

El Gobierno informó en su día de que la norma se basa en las competencias que la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat en materia de deporte y profesiones tituladas. Sin embargo, incluye diversas obligaciones de inscripción registral que entran en conflicto con las competencias estatales y afectan a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Así, esa ley establece la obligatoriedad de inscripción a los profesionales que quieran ejercer su actividad profesional en Cataluña, sin que queden exentos de esta obligatoriedad los profesionales ya inscritos en otra parte del territorio nacional.

Este artículo vulnera, a juicio del Gobierno, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que recoge el principio de eficacia nacional, derivado de la normativa comunitaria, que garantiza el acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de quienes estén establecidos legalmente en cualquier parte de España. Ni las comunidades ni ayuntamientos podrán exigir el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales.

El criterio es es aplicable a los profesionales del deporte a los que se refiere la Ley que ahora se recurre. Del mismo modo, a juicio del Ejecutivo la ley incurre en otro exceso competencial, ya que entra a regular la celebración de convenios y acuerdos internacionales de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de otros Estados de la UE o con otros sujetos internacionales. Esa competencia, según el recurso, corresponde en exclusiva al Estado central.

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