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Corrupción en Cataluña: la trama del 3% sirvió para financiar la independencia

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El caso 3% se expande. Un informe de la Guardia Civil establece que las principales empresas investigadas por el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de fundaciones afines a esta formación nacionalista, a cambio de la supuesta adjudicación de obra pública, también podrían haber entregado dinero a la fundación de Òmnium Cultural.

En concreto, los investigadores han encontrado el pago de 40.000 euros que hizo la constructora Teyco los años 2008 y 2009 a esta fundación privada que se ha convertido en uno de los grandes actores de presión de las fuerzas nacionalistas para impulsar el proceso independentista.

Una de sus cabezas visibles, Muriel Casals, fue durante cinco años presidenta de Òmnium hasta que en las últimas elecciones autonómicas del 27 de septiembre salió elegida como diputada de Junts Pel Sí en el Parlament.

«Del análisis de diversa información aportada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con autorización judicial respecto a las investigadas fundació CatDem, fundació Fòrum Barcelona, fundació Nous Catalans y fundació Òmnium, vinculadas al partido político Convergència Democràtica de Catalunya, se documenta que desde las mercantiles investigadas se han efectuado donaciones» entre los años 2008 y 2014, indica el informe policial.

En concreto la suma total del dinero aportado a estas fundaciones por las empresas investigadas por estas presuntas comisiones asciende a unos 2,2 millones de euros. Se trata de donaciones declaradas ante la Agencia Tributaria y que se consideran legales.

Los agentes detallan que entre 2008 y 2014 Teyco y su sociedad Bluegreen Village ingresaron casi 410.000 euros en la CatDem, la fundación Fòrum Barcelona y en la fundación de Òmnium. En esta entidad constan dos ingresos: uno de 2008 de Bluegreen Village y otro de la misma cantidad en 2009 de Teyco.

Compra de la sede de Òmnium Cultural

Òmnium Cultural creó su fundación para la adquisición de su actual sede en Barcelona hacia 2003, según explicó el presidente de Impulso Ciudadano y ex diputado, José Domingo, quien en su etapa en el Parlament realizó numerosas preguntas al Govern sobre las ayudas económicas que recibió esta entidad soberanista durante los gobiernos de Jordi Pujol y después con el tripartito.

Domingo detalla que en los convenios firmados entre la Administración catalana y Òmnium se destinaron partidas directas para la compra de la sede, que se hizo a través de la Fundació Privada Òmnium creada por el abogado, Raimon Bergós, procesado en el caso Palau por el saqueo de esta institución cultural y la presunta financiación irregular de CDC.

En el informe policial también se indica que el Grupo Soler, otra constructora investigada, entregó unos 639.000 euros entre 2008 y 2014 a las fundaciones Fòrum Barcelona y CatDem. También se ha encontrado un pago de 25.000 euros el año pasado mediante cheque a la principal fundación de CDC. Por su parte, la constructora Copisa donó a Fòrum Barcelona y la CatDem en el mismo periodo 1.115.000 euros a través de varias sociedades del grupo. Además, los investigadores han localizado el pago de dos cheques, uno de 25.000 euros y otro de 50.000, que esta constructora abonó como donación a la CatDem en enero y mayo de 2015, cuando ya estaba abierta la investigación judicial por el presunto pago de comisiones por adjudicación de obra pública.

Este informe policial que afecta a las empresas bajo sospecha por sus donaciones se ha incluido en la documentación sobre una pieza separada que el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell ha abierto contra el ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué (CDC), y contra responsables del grupo Teyco de la familia Sumarroca. El juez los ha citado a declarar como investigados en febrero por presuntas irregularidades en la adjudicación de un aparcamiento a esta constructora ya que considera que «aparecen indicios serios de arbitrariedad en el actuar de algunos miembros de la mesa de contratación constituida a tal efecto», como el propio alcalde, que «habrían propiciado la adjudicación a Teyco de la obra, frente a otras ofertas que objetivamente habían de ser preferentes».

Además, el juez detalla que existe una «constatación de pagos de cantidades entre empresas del grupo Teyco y empresas del alcalde de Torredembarra entre los años 2011 y 2013 que tienen difícil justificación lógica y económica». El auto apunta a que los miembros de la familia Sumarroca con responsabilidad en Teyco ordenaron estos pagos y detalla que «parecen ser consecuencia de la adjudicación de obras a Teyco, ya sea directamente, como en el caso del aparcamiento, o indirectamente, a través de Sorea», una sociedad que tenía la concesión de la gestión del agua en Torredembarra.

>>>>>  El Mundo | El 3% sirvió para financiar a los grupos independentistas

 

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