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Mar07162019

Última actualizaciónLun, 15 Jul 2019 10pm

Rescate autonómico: Artur Mas exige 2.300 millones de euros al Estado antes de acabar el año

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Pulso a España. Mientras la Generalitat lanza el «proceso de desconexión» del Estado en el Parlament, el presidente en funciones de Cataluña, Artur Mas, no duda en reclamar un incremento de su conexión con el fondo económico estatal de rescate autonómico.

La Generalitat de Cataluña ha solicitado al Ministerio de Hacienda 2.300 millones de euros antes de final de año para cubrir sus necesidades de liquidez. Esta cifra equivale al 33% de los 7.000 millones que tiene la bolsa final de la legislatura, que será repartida en las próximas semanas.

Al final de cada ejercicio, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro procede a repartir el remanente no utilizado del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Fuentes de Hacienda explican que, en esta ocasión, la cifra pendiente asciende a los citados 7.000 millones, dinero que es prestado a interés cero y que se ha convertido en un pastel goloso para las escuálidas tesorerías autonómicas.

La Generalitat exige que, de ellos, se le entreguen los citados 2.300 millones -un tercio del total- que constituyen el exceso de déficit en el que incurrieron en 2014. No obstante, fuentes del Govern puntualizan que no tienen preferencia en recabar el dinero del fondo autonómico o recibirlo por «cualquier otra fórmula». El caso es obtener esa cifra para «financiar los servicios públicos».

Dedicar a Cataluña los 2.300 millones que solicita sería darle la mayor porción del pastel a repartir, como de hecho ya viene sucediendo desde que el Gobierno creó en 2012 el FLA y el mecanismo de pago a proveedores.

Según datos del Banco de España, Cataluña ha recibido hasta junio de 2015 un total de 37.487 millones de ambos fondos de rescate, lo que representa el 35% de los 107.544 millones repartidos entre todas las comunidades.

En el Ministerio resaltan que la Generalitat pide más dinero «porque se desvió en el objetifvo de déficit» y aseguran que «la distribución del remanente será aprobada por el Consejo de Ministros en función de las necesidades de cada comunidad autónoma y tratando a todas por igual». No obstante, subrayan su «estupor» con la iniciativa secesionista en coincidencia con las peticiones de fondos que está realizando la Generalitat. Estas fuentes denuncian «la contradicción política» que supone iniciar un proceso de secesión y reclamar al mismo tiempo más apoyo financiero del Estado.

El Gobierno, no obstante, también sostiene que cortar el grifo a la Generalitat llevaría a la quiebra a una comunidad clave de España, con el consiguiente perjuicio para la reputación y financiación del Estado

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