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Vie05242019

Última actualizaciónVie, 24 May 2019 7pm

El Ayuntamiento de Barcelona castigará a los concejales que se nieguen a casar gays

colau-gays

Los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales en España desde el 2005. Esta boda civil -la Iglesia, ni está ni se la espera- requiere del concurso de un juez, un alcalde o de un funcionario público en el que decidan delegar. En el caso de Barcelona, esta tarea recae en Ada Colau y en los otros 40 concejales. Quizás serán menos a partir de ahora, porque el gobierno local ha decidido retirar la potestad de oficiar bodas a todos los ediles que se nieguen a unir en matrimonio a dos hombres o dos mujeres.

El anuncio lo ha hecho este jueves Laura Pérez, concejala de Ciclo de Vida, Feminismo y LGTBI, poco antes de presidir la segunda reunión del consejo municipal LGTBI de Barcelona. El objeto de esta medida, ha señalado, es evitar la "vulneración de los derechos de la pareja", algo que sucedió, a su modo de ver, en noviembre del 2014, cuando el entonces concejal del PP Oscar Ramírez alegó "objeción de conciencia" para no casar a dos chicas en la sede del distrito de Sarrià. Desde el partido conservador se había dado "libertad" a los concejales en este asunto.

Pérez ha explicado que el ayuntamiento ha hecho suya "la resolución del Síndic de Greuges en la que recomienda retirar la delegación de la alcaldesa para oficiar bodas a los concejales que no quieran casar a parejas del mismo sexo". La propuesta que Rafael Ribó lanzó en octubre del 2014, sin embargo, no decía eso. Y nada nuevo ha trascendido hasta la fecha, aunque como es habitual en el mundo de la cosa pública, puede que la resolución haya llegado por la vía privada.

La propia oficina del Síndic parece desconocer la existencia de tal resolución, aunque señala que, con la entrada en vigor de la ley contra la homofobia, en octubre del 2014, "apoya la decisión" del consistorio. Con su nueva postura, se entiende que todos los ayuntamientos de Cataluña están conminados por el Síndic a actuar de igual modo que el de Barcelona.

Censo de 'objetores de conciencia' contra las bodas gays

El gobierno local asegura que ha mandado a todos los cargos electos un escrito en el que se incluye la resolución del Sindic según la cual, en la línea propuesta por el consejo LGTBI de la ciudad, los concejales que no casen a homosexuales no podrán casar a nadie, extremo que la oficina de Ribó no ha confirmado todavía.

El PSC reclamó en el mandato anterior crear un "registro público de objetores de conciencia". También Jordi Portabella (ERC), que fue el primero en casar a dos gais, en el 2002, todavía sin ley aprobada, lanzó una idea similar. Colau, sin embargo, ha decidido ir mucho más allá y retirar la delegación en estos casos.

Pérez también ha anunciado que en próximas fechas se instalará en un equipamiento municipal sito en la calle Comte Borrell un nuevo centro municipal de recursos para el colectivo LGTBI.

 

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