El Gobierno pide impugnar la toma de posesión de Puigdemont por no jurar por la Constitución

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El Gobierno de España ha encargado a los servicios jurídicos del Estado que estudien la posibilidad de impugnar la declaración de asunción del cargo de presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont por apreciar en la misma "visos claros de ilegalidad", al no haber incluido un sometimiento expreso a la Constitución.

El Ejecutivo español pretende demostrar con esta decisión su voluntad de "no pasar ni una", como aseguró el presidente Mariano Rajoy después de conocer el acuerdo in extremis al que llegaron el pasado sábado la CUP y Junts pel Sí para encumbrar a la presidencia de la Generalitat de Cataluña al número tres de la lista de JpS por Girona, y alcalde de la ciudad.

La decisión del Gobierno tiene como fundamento jurídico la instrucción dictada el pasado 2 de junio por la Junta Electoral Central ante las tomas de posesión de los nuevos alcaldes y concejales surgidos de las elecciones municipales y autonómicas. En dicha instrucción se recordaba que en los actos de jura o promesa y toma de posesión de los cargos se debía mostrar expresamente adhesión a la Carta Magna. De hecho, la Delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, remitió varios centenares de cartas a los municipios advirtiéndoles de este pronunciamiento de la Junta Electoral.

En función de esa instrucción, el Gobierno en funciones considera ahora que existen indicios claros de ilegalidad en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat y, por ello, ha encargado a los servicios jurídicos un estudio en el que se analice el contenido de las palabras pronunciadas por Puigdemont y proponga las vías adecuadas, teniendo en cuenta que el president está aforado, para recurrir en su caso el acto.

Tras la eventual impugnación, la toma de posesión podría llegar a ser anulada, aunque ello no implicaría que Puigdemont perdiera su condición de presidente. Simplemente podría suponer la necesidad de tener que repetir el acto de jura del cargo.

No obstante, este movimiento del Gobierno sirve también para lanzar un mensaje a los diputados y senadores que mañana tomarán posesión de sus escaños y tendrán que hacerlo prometiendo o jurando, según deseen, la Carta Magna. Las fórmulas de promesa innovadoras no están prohibidas pero el acatamiento a la ley de Leyes es de obligado cumplimiento.

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