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El Gobierno ofrecerá a Cataluña su propio concierto económico a cambio de quedarse en España

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El Gobierno español y las fuerzas políticas empiezan a moverse con la vista puesta en el debate especial que ya se prepara para el próximo 8 de abril, cuando el Congreso discuta, y rechace, la petición del Parlament para que se transfiera a la Generalitat la competencia de celebrar un referéndum independentista. La ocasión se presenta como la última oportunidad para intentar encontrar algún terreno de entendimiento entre el Ejecutivo central y el catalán.

Ayer, desde el PP se apuntaba a la intención de Mariano Rajoy de dejar abierta una puerta al diálogo, una vía de descompresión que alivie la tensa relación entre Madrid y Barcelona. El campo propicio se puede encontrar, según las fuentes populares consultadas, en la inminente negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico.

La negativa a aceptar la celebración de un referéndum soberanista será tajante y así lo avalará una mayoría aplastante del Congreso pero, a cambio, la pelota del entendimiento se situará en el tejado de Mas, que tendrá ante sí una mano tendida para negociar el encaje económico de Cataluña en el Estado, siempre en un marco de corresponsabilidad y solidaridad fiscal.

En el Parlamento esta posibilidad podría abrirse camino.  Desde CiU, también ayer, se puso de nuevo sobre la mesa, para sorpresa del Gobierno, la petición de un concierto económico, aprovechando el debate en el Hemiciclo sobre la renovación del pacto con el País Vasco.

En un contexto de absoluta beligerancia entre el Ejecutivo y la Generalitat, con Artur Mas insistiendo en la convocatoria de la consulta, a pesar de que la última sentencia del TC asegura que Cataluña «no puede convocar unilateralmente un referéndum», el Gobierno recibió con mucha perplejidad que CiU se preste a retomar esta reivindicación que a lo largo del último año había pasado a un segundo plano, arrinconada por la voracidad del desafío soberanista.

¿Independentismo o concierto económico?

Entonces, «¿independentismo o concierto?», preguntaba con cierta ironía en los pasillos de la Cámara un miembro del PP de Rajoy.

La respuesta de CiU, en este caso por boca de uno de sus diputados que no se declara abiertamente independentista, es meridiana: «Por supuesto, concierto». El tema económico está, en su opinión, en la base del malestar actual en Cataluña. Y se desbocó después de que Mariano Rajoy rechazara la exigencia de Artur Mas de definir un pacto fiscal a su medida.

De aquella reunión, en septiembre de 2012, el presidente del Gobierno salió con malas vibraciones. Rajoy interpretó, y así lo ha recordado en varias ocasiones, que Mas intentó ponerle entre la espada y la pared advirtiéndole de que si no se aceptaban sus demandas habría consecuencias.

Ahora, sin embargo, año y medio después, una parte del frente catalán parece dar muestras de pragmatismo. Así, ayer mismo, el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, desgranaba en la tribuna qué aspectos debería contener un pacto fiscal para Cataluña: bilateralidad en la negociación de la financiación, recaudación del 100% de los impuestos que se pagan en su territorio y la Agencia Tributaria propia.

Esta sería la base para empezar a negociar un concierto económico catalán que, según CiU, tendría encaje sin necesidad de una reforma constitucional. «En la Constitución», defendió el diputado, «nada impide otorgar a Cataluña un concierto económico diferenciado del régimen general». El portavoz recalcó que la Constitución no obliga a mantener ningún régimen concreto.

CiU sostiene que únicamente con un cambio en la Lofca (la ley de financiación de las comunidades autónomas) sería posible. El Gobierno, en cambio, no comparte este punto de vista y considera que haría falta una modificación de la Carta Magna.

En cualquier caso, en medios gubernamentales y del Grupo Popular se acogieron ayer estas propuestas con cierta satisfacción. Se apreciaba en ellas una nueva actitud que, de confirmarse, podría servir para retomar los canales de diálogo.

Llamaban la atención sobre el hecho de que los representantes de CiU en el Congreso no son precisamente los más radicales defensores de la consulta y vaticinaban una posición mucho más beligerante por parte de los tres emisarios que enviará el Parlament al debate del 8 de abril. En opinión de la mayoría de los diputados consultados, «la batuta» está en manos de ERC y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Desde el PSOE, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, recalcó que su grupo se sumará al PP en el rechazo al referéndum que reclama Mas pero a partir de ahí, insistió en la necesidad de encontrar un camino que permita el «diálogo constructivo». Por su parte, el ex ministro socialista Ramón Jáuregui, apuntó: «Lo que es legal se podrá hacer y lo que no es legal no se podrá hacer; el marco de la legalidad es la condición de la democracia».

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