Última actualizaciónMié, 27 May 2020 11pm

La Hacienda catalana maniobra en silencio para dejar de pagar impuestos a la Agencia Tributaria

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El Govern continúa avanzando hacia la «desconexión» de Cataluña con el resto de España, y lo hace tanto en el plano político como en el económico.

Mientras el Parlament tramitará a partir de las próximas semanas con discreción las «leyes de ruptura» para evitar que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional hasta que estén listas -pese al informe en contra de los servicios jurídicos de la Cámara y las quejas ante el TC de los partidos no independentistas-, la Hacienda catalana abrirá en breve un nuevo frente y maniobra para captar por la fuerza a miles de tributantes a través de una de sus Administraciones adheridas, la Diputación de Barcelona. Lo publica en exclusiva el diario El Mundo.

Desde que están controladas por los nacionalistas, las cuatro diputaciones provinciales catalanas se han convertido en puntas de lanza del proceso soberanista. El ente supramunicipal de la demarcación de Barcelona, gobernado por CiU y ERC, ha decidido pagar el IRPF de sus casi 5.000 empleados a la Agencia Tributaria catalana en lugar de hacerlo directamente a la española, como hasta ahora.

La Diputación espera poder empezar a liquidar el impuesto asociado a la nómina de sus trabajadores al fisco catalán a partir de «mayo o junio». Fuentes de la Diputación precisaron a este diario que, en esas fechas, sus técnicos ya esperan haber dado con la fórmula «legal» para «dar el paso». La iniciativa parte de la CUP, el partido que propició la investidura como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont.

El pasado noviembre, el pleno de la Diputación aprobó una moción de la formación anticapitalista que instaba a la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa (CDC), a «hacer el pago del IRPF a través de la Agencia Tributaria catalana», teniendo en cuenta que «la construcción de la Hacienda catalana se considera la primera piedra de las llamadas estructuras de Estado».

La iniciativa salió adelante con los votos de los antisistema, CiU y ERC, y con la oposición del PP, Ciutadans y el PSC. Sin embargo, no cobró mayor trascendencia porque fue considerada un mero gesto político. La percepción cambió el 11 de diciembre, cuando la Secretaría de la Diputación, en un acto inaudito, envió un correo masivo a los casi 5.000 empleados del organismo en el que les comunicaba la aprobación de la moción de la CUP que prevé el pago del IRPF de sus nóminas a la Hacienda catalana.

El mensaje generó un notable desconcierto entre los trabajadores y condujo a UGT a dirigirse al departamento de Recursos Humanos de la Diputación. El sindicato exigía conocer qué «seguridad jurídica y personal tienen los trabajadores por la adopción del acuerdo» y qué posibles «implicaciones y responsabilidades legales y fiscales de carácter personal, respecto a la Hacienda Pública» podría acarrear para los empleados del ente supramunicipal un eventual impago de su IRPF a la Agencia Tributaria estatal.

El sindicato -que no ha obtenido respuesta a su petición- advierte en las intenciones de la Diputación «cierta falta de legalidad»; certifica que lo que se planea es una «captación forzosa de tributantes» porque «no se puede tomar una decisión así sin la autorización de los trabajadores»; y avisa de que, en caso de que la Hacienda catalana no liquidara adecuadamente los impuestos a Agencia Tributaria española, esta última reclamaría el impago a los empleados.

La Diputación, por el contrario, defiende que ella se «responsabilizaría» de cualquier retraso en la liquidación y señala que «no se pondrá en peligro al trabajador». Es el mismo argumento que exhiben, sin dar más explicaciones, los dirigentes de la Generalitat con respecto a sus funcionarios.

Cuando la Diputación ponga en marcha el pago del IRPF a la Hacienda catalana, ésta sólo podrá actuar como intermediaria e, inmediatamente, deberá transferir los tributos de los empleados del organismo supramunicipal a la Agencia Tributaria española.

Desde la Agencia Tributaria española recuerdan que ya hay varios ayuntamientos y algunas empresas que utilizan a la Agencia catalana como mediadora en el pago de impuestos. No supone un problema mientras los derive «en tiempo y forma» a la Hacienda española. Sin embargo, alertan también contra los riesgos de que la información de los contribuyentes pase por muchas manos, y advierten de que, en caso de que el pago se retrase por algún imprevisto o por cualquier otro motivo, los infractores se verían expuestos a recargos y otras sanciones, «como cualquier hijo de vecino».

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