El juez archiva la causa del alumno que mató a un profesor en Barcelona 'por ser menor'

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El caso del menor de 13 años que mató a un profesor en el Instituto Jaume Fuster de Barcelona ya está en manos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El juez que investigaba los hechos archivó la causa penal por ser el preadolescente inimputable según establece la Ley del menor y descartarse la implicación de otras personas que pudieran ser procesadas. Por tanto, el magistrado remitió el caso a la Generalitat.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, Josep Majó Llopart, también denegó la autorizó a los Mossos d'Esquadra a investigar el contenido d el ordenador portátil de la familia para intentar encontrar pistas sobre el ataque, ocurrido el pasado 20 de abril en el barrio de La Sagrera. El aparato había sido requisado en un registro que se efectuó en el piso donde el menor vivía con sus padres. Allí la policía autonómica también encontró ballestas de juguete, dos escopetas de balines, un machete de grandes dimensiones y un croquis, aparentemente del centro educativo. El menor había comentado sus planes con un compañero, según informó Radio Barcelona citando fuentes policiales.

El juez declinó la petición de los Mossos por el mismo motivo por el que archiva la causa: el juzgado no tiene competencia para continuar con la vía penal y se descarta la intervención de terceras personas mayores de edad en la muerte de Abel Martínez Oliva. Majó, sin embargo, considera que "todo apunta a que el causante de la muerte del profesor" fue el menor El magistrado recuerda que el Código Penal establece que cuando el autor de los hechos es menor de 14 años no se le exige responsabilidad penal y "se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil".

El caso llega a la DGAIA "que debe planificar las políticas de infancia y adolescencia en casos de situación de riesgo social, así como para valorar la situación del menor y adoptar las medidas necesarias", añade el auto. Esta dirección, que depende del Departamento de Bienestar Social, está a la espera de conocer el diagnóstico del menor que establezca si efectivamente este atentó contra varios miembros del centro educativo mientras sufría un brote psicótico. Si esa hipótesis lanzada por el Departamento de Enseñanza se confirma, el menor podría volver con su familia y recibiría atención por parte de los servicios especializados en salud mental. Si el joven no tuviera ningún problema de carácter psiquiátrico y la DGAIA determinara que hubo una situación de desamparo por parte de sus padres, podría iniciar el proceso para quitarles la custodia del menor.

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