El conseller Mas-Collell avisa a España sobre la Educación: 'Si quieren guerra, la tendrán'

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El clima político y social sigue subiendo de revoluciones. El consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha afirmado este viernes que su gobierno está dispuesto a tomar medidas legales para defender la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, y también se ha mostrado beligerante contra la decisión estatal de que Cataluña pague la educación en escuelas privadas a alumnos que no tengan opción de educarse en castellano en otros centros. "Nosotros no pagaremos nada, protestaremos. Si quieren guerra, la tendrán", ha dicho.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha argumentado que la ley dice que debía haber un nuevo modelo de financiación a partir de 2014, aunque el Gobierno central esgrime que no es obligatorio: "Lo exploraremos, y si ha de derivar hacia una batalla legal no la evitaremos".

Respecto al anuncio de este jueves del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de 3.900 millones adicionales para las CCAA en 2015 en las entregas a cuenta, ha confiado en que sea una cifra neta -teniendo en cuenta el adelanto y la liquidación anual- y no humo, pero en todo caso, Mas-Colell ve estas cifras claramente insuficientes para cubrir las necesidades de los servicios básicos, que son gestionados por las autonomías y están extremadamente tensionados: "Espero que aguante, pero se está jugando con fuego".

El consejero ha insistido en la crítica de que el Estado haya renunciado a tres décimas de déficit de 2014 respecto al límite que había puesto la UE -del 5,8% al 5,5%-, y aunque no entiende por qué no se ha utilizado este margen para dar más margen a las autonomías, ha apuntado una hipótesis.

Ha considerado que posiblemente piensan que, como por una parte rebajan impuestos y eso "despierta perplejidad en instituciones internacionales porque los números no acaban de encajar, quieren dar un mensaje compensatorio" y demostrar que no afecta a la reducción del déficit, aunque con ello se están penalizando los servicios públicos que administran las autonomías, lo que a su parecer también muestra que el Ejecutivo de Mariano Rajoy subestima los gastos que no son de competencia estatal.

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