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Mar05212019

Última actualizaciónMar, 21 May 2019 10pm

El Gobierno da de baja a 410.000 parados que cobraban el desempleo fraudulentamente

paro

El Gobierno estima para 2016 dar de baja por fraude en las prestaciones de empleo a 410.000 demandantes y calcula que esto supondría un ahorro de 2.100 millones de euros, según el programa de protección al desempleo de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

En 2015, la reforma de las políticas activas impulsada por el Gobierno para mejorar la gestión de las prestaciones y el refuerzo de los medios de control dio lugar a 418.422 bajas, sobre las 400.000 presupuestadas inicialmente.

Esta baja de perceptores de prestaciones por desempleo por infracciones y fraude ya redundó en un ahorro de 2.289 millones de euros, frente a los 2.100 previstos, la misma cifra que se baraja para 2016.

Según este programa, publicado con los Presupuestos Generales del Estado, la lucha contra el fraude se llevará a cabo verificando que los beneficiarios de las prestaciones reúnen los requisitos exigidos tanto para el acceso como durante la percepción de las mismas, y que cumplen las obligaciones inherentes a su condición de beneficiarios.

De esta forma, las actuaciones para el control de la disponibilidad de los beneficiarios de las prestaciones tienen por objeto comprobar y asegurar que las personas que las perciben están efectivamente desempleadas y dispuestas a realizar acciones para mejorar su empleabilidad y buscar activamente empleo.

En el marco de este programa de lucha contra el fraude y mejora del control de las prestaciones por desempleo, el Gobierno prevé que en 2016 se realicen 1,5 millones de controles de requisitos, 2,5 millones de controles automáticos mediante cruces informáticos y 11.000 más en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Estas actuaciones permitirían reducir los plazos de gestión de las prestaciones en 2 días.

Las acciones de control, según recoge el programa, ya derivaron en 2014 en la baja de 414.372 demandantes, cifra muy superior a la registrada un año antes cuando el número de afectados se situó en 341.865.

De cara a 2016, estas actuaciones se complementarán con políticas activas que desarrollarán las comunidades autónomas sobre beneficiarios de prestaciones por desempleo, de tal forma que se garantice que los perceptores se encuentran en disposición de realizar una prestación laboral.

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