Andalucía reconoce que tiene a 1.800 trabajadores públicos 'que no hacen nada'

funcionarios

«No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano». Con esta expresión ha defendido el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, la intención del Gobierno andaluz de dar nuevas atribuciones a uno 1.800 empleados del Servicio Andaluz de Empleo que, al no ser funcionarios, no tienen potestades públicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez instaba así a la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) a alcanzar un acuerdo que dote de tareas a varios colectivos que han tenido que ser readmitidos tras sentencias que anulaban su despido y que trabajaban en labores de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los 74 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la Administración.

El grueso del colectivo son unos 1.500 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta.

En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ese desembarco de trabajadores suponen un coste de 100 millones de euros al año. Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas, que están reservadas por ley a los funcionarios. Por tanto, cobran estando «mano sobre mano», como ha reconocido el portavoz de la Junta.

En este contexto, el Gobierno de Susana Díaz ha aprovechado una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de febrero con los votos del PSOE y Ciudadanos, que instaba a la Junta a eliminar requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza a los ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+

.La titular de Hacienda insistió en que, en ningún caso, la Junta va a otorgar «potestades públicas» a ningún empleado que no sea funcionario. No obstante, defendió que, una vez en la Administración, es «una obligación otorgarle funciones porque se les está pagando el salario». «Nos vamos a reunir con los grupos políticos para buscar soluciones y que se les pueda asignar tareas a estos trabajadores», explicó.

Recordó que el SAE y todas las agencias de empleo tienen personal laboral y funcionarios, así como trabajadores que se han incorporado por sentencias judiciales, a los que «es lógico que se le asignen tareas, pues no parece razonable que no estén al máximo de sus posibilidades», afirmó.

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y poder ofrecerle contenidos o publicidad de su interés. Si continúa en la página, consideraremos que acepta su uso.