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Empresarios sobornaron a IU con '70.000 euros en una caja' y '300 o 500 euros en Viagra'

iu

«Cierta persona de Izquierda Unida» recogió, en 2011, antes de las elecciones municipales, una caja de zapatos que contenía una mordida de 70.000 euros. La identidad del destinatario es de momento una incógnita, pero no así la de la persona que entregó la comisión: José Antonio González Baro, administrador único de Fitonovo, una empresa mimada por el Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del Gobierno de coalición PSOE-IU (2003-2011).

El diario El Mundo ha tenido acceso al contenido de la declaración de González Baro, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación Madeja.

La confesión ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ayuda a comprender por qué Fitonovo se convirtió en poco tiempo en un contratista estrella de distintas administraciones públicas: la empresa asumió como algo natural el pago de las mordidas que le sugerían con más o menos descaro funcionarios con poder de decisión y partidos políticos, como IU. Su padre y verdadero dueño de la empresa, Rafael González Palomo, ya confesó ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros que -según le dijeron- era para el PSOE.

Cuando compareció ante Alaya, su hijo admitió haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, de los que la mitad fueron a parar presuntamente al bolsillo de Francisco Amores. Éste era jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, uno de los principales clientes de Fitonovo, y, al igual que el hijo del empresario, ha estado tres meses en prisión provisional por estos hechos.

Entre los presuntos receptores de sobornos identificados por el empresario están, además de este jefe de servicio, el responsable de conservación del Parque de María Luisa de Sevilla, Francisco Huertas, y el jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla -institución gobernada por el PSOE-, Carlos Podio, a quien el empresario calificó como «una persona de alta esfera».

Pagaron a los cargos públicos con '300 o 500 euros' en Viagra

Presuntamente, el contratista sobornó a IU, a la que abonó 70.000 euros en vísperas electorales; gastó 16.000 euros en cambiar las ventanas a la vivienda de un funcionario del Ayuntamiento hispalense al que tenía además a sueldo; costeó el gasto telefónico de otro empleado municipal al que también pagaba una nómina fija, y hasta costeó con «300 o 500 euros» la Viagra a un directivo de la empresa pública Adif en Zaragoza.

A esos 700.000 euros que admitió haber repartido González Baro habría que sumar otros presuntos pagos en especie a cargos públicos detectados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como coches, ordenadores o unas obras en la sede de la agrupación socialista de la Macarena, en Sevilla capital. Según el administrador de Fitonovo, esta práctica se cortó cuando él «tomó las riendas del negocio» porque «se iba mucho dinero en la empresa».

El caso más llamativo es el de IU, que gestionaba el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla y que adjudicó a Fitonovo la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial con cargo al Plan 8.000 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

González Baro admitió ante la magistrada que, «una vez concluidos e inaugurados» los campos de césped artificial, «Izquierda Unida le pidió, estando próximas las elecciones, una colaboración económica y accedió». Le entregó «70.000 euros en una caja de zapatos», cantidad que decidió él mismo: «No le dijeron ni un número; accedió a la primera petición».

El acta de su declaración no recoge la identidad ni de quién le sugirió que realizara el pago ni de quién se encargó de recibir la caja de zapatos repleta de billetes. Sólo se dejó constancia de que fue «cierta persona de Izquierda Unida».

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga los pagos que esta empresa sevillana venía haciendo sistemáticamente a funcionarios de distintas administraciones públicas a cambio de la adjudicación de contratos.

 

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