Denuncia a Andalucía por ser el único de los imputados que no sigue trabajando en la Junta

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Increible. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, presentará dos pleitos contra Junta tras conocer que es el único de 16 imputados en el caso de los ERE que no ha seguido trabajando en la Junta, algo que la administración andaluza le ha negado.

Uno de las demandas, según El Mundo, se presentará como contencioso especial por protección de derechos fundamentales y la otra podría ser una querella por prevaricación. La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública ha negado reiteradamente a Guerrero la reincorporación a su plaza por estar "incurso" en un proceso judicial. Pero, sin embargo, mientras al menos otros 15 imputados siguen en sus plazas o han sido recolocados.

Entre los "colocados" de los ERE que siguen en la Junta destaca Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo al que la Junta de Andalucía creó una plaza de jefe de compras en el hospital El Toyo, en Almería, tras ser imputado en el caso.

Los otros 14 imputados recolocados por la Junta son Agustín Barberá, coordinador de riesgos laborales en Cádiz; Juan Francisco Sánchez, funcionario; Lourdes Medina, gerente del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba; Buenaventura Aguilera, trabajador en la Consejería de Hacienda; Manuel Gómez, funcionario en la agencia tributaria autonómica; Juan Luque, interventor delegado en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa); Antonio Lara, trabajador en Agapa; Jesús María Rodríguez, consejero en Veiasa, empresa gestora de las ITV; Antonio Valverde, director general de la Agencia IDEA; Miguel Ángel Serrano, trabajador de la misma agencia; María José Rofa, trabajadora en un consorcio de desarrollo local (UTEDLT); Antonio Diz-Lois, funcionario en el área de Medio Ambiente; Javier Aguado, funcionario, y Juan Vela, doble imputado por los ERE y por Invercaria y directivo del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos además de consejero de Suraval. En esta misma empresa figura de consejero delegado Pablo Millán, jubilado ya.

Dos artículos de la Constitución ayudan a la pretensión de Guerrero. Por una parte está el artículo 14, que prohíbe "discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Pero además el artículo 23.2 de la Constitución reconoce a los españoles el "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes".

La querella por un presunto delito de prevaricación la interpondrá contra el funcionario o la funcionaria que lo suspendió de funciones por estar imputado en el caso ERE mientras que permitió que otros encausados tomaran posesión de sus plazas.

 

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