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        Alejo Vidal-Quadras

        
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Opinión | Sigfrid Soria

Aunque fueran el 100%

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Cataluña es una parte de España y cada metro cuadrado de España pertenece a todos los españoles, por lo que Cataluña es de todos los españoles, como lo es cualquiera otra parte de España. Este irrefutable axioma podrá gustar más o menos a los españoles que residen en Cataluña o a una parte de ellos, pero en el hipotético caso de que a una mayoría le disgustara*, ello no invalidaría el propio axioma. Es más, incluso si el rechazo al axioma fuera compartido por la totalidad de españoles que residen en Cataluña, llamados catalanes, tampoco ello bastaría para modificar dicho axioma. Por tanto, la remota posibilidad teórica de que una parte de España se separara correspondería decidirla a todos y cada uno de los españoles. Negar esto es negar la democracia y situarse de lleno en terreno totalitario.

La ley hay que cumplirla y quien no la cumpla, delinque. En Cataluña hay una ley institucional básica, que rige la organización de esa parte de España, llamada Estatuto de Autonomía, que se aprobó por medio de una ley orgánica en el Congreso de los Diputados, tal y como está previsto en la Constitución española. Y es la Constitución de España, la Carta Magna, la que marca el camino de Cataluña. Si parte o nada de esto gustara, podría cambiarse sin lugar a dudas ya que vivimos en democracia, y podría cambiar tanto como se quisiera siempre y cuando los cambios se atuvieran a lo que la propia ley marca.

¿Que no se quiere que Cataluña siga siendo España?, cámbiese. Pero cámbiese sin violar ni el Estatuto de Autonomía ni la Constitución de España. Cámbiese con la participación representativa de todos los españoles en el Congreso y el Senado con las mayorías específicas que marca la Constitución, y cámbiese con la participación directa también de todos los españoles a través del preceptivo referéndum que también establece claramente la Carta Magna. Tanto en cuanto no se den las circunstancias para cambiar, asúmase la ley y castíguese severamente a quienes la pisotean.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto de unos políticos catalanes delincuentes y, como respuesta, algunos políticos catalanes han alentado a una parte de los españoles residentes en Cataluña a manifestarse en contra del pronunciamiento del Supremo. La espiral de protestas generada se está alimentando de reivindicación independentista y de aspiración antisistema. La condena por sedición ha parido una rebelión que, como pollo sin cabeza, avanza hacia el caos, la violenta anarquía y la destrucción social y económica de Cataluña.

Una democracia ha de defenderse de quienes pretenden volarla. Los separatistas y su absoluta negación de la ley, o su permanente abrazo al delito, intentan conseguir la independencia reventando el Estatuto de Autonomía y la Constitución española. Así actúan los soberanistas teóricos y los políticos separatistas, porque los torpes manifestantes por ellos empujados actúan, en el mejor de los casos, machacando los derechos de quienes rechazan todo este sinsentido: impidiendo ejercer el derecho a trabajar, el derecho a asistencia sanitaria y el derecho a asistir a clase, entre otros muchos. Porque en el peor de los casos, las marionetas con disfraz de manifestante están asimilando Cataluña a zona de conflicto bélico.

Escribo este artículo a media tarde del viernes 18 de octubre, a horas de que lleguen a Barcelona miles de descerebrados que han colapsado las vías más importantes de Cataluña. El simple hecho de que esa gentuza ha violado los derechos de millones de catalanes a trabajar libremente, a asistir a colegios, institutos y facultades, a acudir a hospitales y centros de salud o a transitar en paz de un lado para otro ya merece el calificativo de gentuza. Sí, GENTUZA. Aunque, tristemente la cosa no va a acabar ahí, pues a la caída de la tarde y cuando entre la noche Barcelona va a parecer Siria.

Inaceptable es esta terrible realidad. Inasumible es que quienes exigen violar la ley se adueñen de una parte tan importante de España, sin que se ponga coto a ello. El Ejército de Tierra tenía que haber estado desplegado en Cataluña y haber impedido el colapso de sus principales vías, aunque el colapso haya sido pacífico, hasta este momento y solo en apariencia. También el Poder Ejecutivo y el Legislativo tenían que haber aplicado el 155 de la Constitución y haber disuelto el Parlamento de Cataluña y la Generalidad, así como haber tomado el control absoluto de los Mozos de Escuadra con la sustitución preventiva de todos los mandos superiores e intermedios por mandos de la Guardia Civil o del propio Ejército de Tierra. Por supuesto, también al amparo del 155 se debería haber fundido a negro la emisión de TV3 y haber decretado el estado de excepción. El Poder Legislativo hace tiempo debía haber ordenado la detención de los políticos catalanes que están fuera de la ley y que incitan a estar cada vez más al margen de ella.

Ojalá me equivoque, pero avanzo que el próximo lunes 21, tanto el presidente del gobierno de España en funciones como el jefe del Estado lamentarán haber seguido con los mismos brazos caídos que han tenido hasta ahora, mientras Cataluña arde y los españoles que allí residen, mueren.

*Nota: según el CEO (Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad de Cataluña) en encuesta del viernes 26-7-2019, el separatismo tiene un apoyo del 44% mientras que el rechazo es del 48,3%. En cualquier caso, me refiero al título de este artículo: “Aunque fueran el 100%”

Sigfrid Soria del Castillo-Olivares 

Licenciado en Educación Física. Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad y las Emergencias. Funcionario de Carrera, Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. Director General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en la VI Legislatura. Diputado en el Parlamento de Canarias en la VII Legislatura.

Escrito para MEDITERRÁNEO DIGITAL

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