O votamos todos o tiramos el referéndum al río
Introducción
La España de 2023 tiene el Estado de Derecho más débil y vulnerable de los últimos 45 años por dos razones:
1ª- La razón objetiva. Que es la de que fuerzas políticas cuyo objetivo es destruir España unilateral e ilegalmente están presentes de manera formal en dos de los tres Poderes del Estado. En el Legislativo: en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado y en algunos Parlamentos de Comunidades Autónomas. Y en el Ejecutivo: en el gobierno de España, en gobiernos de algunas Comunidades Autónomas, en algunos Cabildos, en Consells y Diputaciones y en Ayuntamientos.
Asimismo, hay personas físicas en relevantes instituciones del Estado proclives a lo mismo que persiguen fuerzas políticas anti constitucionales: Consejo de Estado, Tribunal Constitucional y Fiscalía. Incluso, en el Poder Judicial hay algunos elementos cuya hoja de ruta es exactamente la misma que la de las fuerzas políticas que pretenden acabar ilegalmente con el actual statu quo constitucional.
2ª- La razón subjetiva. Que es la de que en las últimas generales 12.391.964 españoles votaron a fuerzas políticas que están por amnistiar a golpistas y malversadores, que abogan por el inexistente derecho a la autodeterminación de regiones de España y que ven positivamente condonar deudas de manera agravante para el interés general, todo ello absolutamente en contra del vigente marco jurídico español, es decir, retorciendo y violando leyes. El hecho de que tantos españoles no aprecien amenaza para España por votar a aquellas fuerzas políticas que explícitamente pretenden acabar con ella, o tampoco aprecien amenaza por votar a la fuerza política que por sus pactos está dispuesta a lo mismo que las primeras, produce una insólita situación de extremo riesgo.
En 1978 los españoles dieron a España la democracia y gracias a ella, cuatro décadas y media después, tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos siempre y cuando lo hagamos por los cauces constitucionales, porque fuera de la Constitución lo que sólo existe es el delito. Imaginemos que quisiéramos instaurar la pena de muerte; procedemos a la necesaria modificación de la Constitución y posterior cambio del Código Penal y asunto arreglado. Pero ahora imaginemos que lo que quisiéramos es que España se separara de una determinada región, ¿sería posible? Todo es posible, no cabe la menor duda. Esta es la grandeza de la democracia, que posibilita que todo pueda realizarse por el camino marcado por la propia democracia. ¿Cuál es ese camino en el segundo caso?
Ruta legal para destruir la actual España
A) Existencia de mayorías cualificadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado en las que se apoyara un referéndum en el que votáramos los treinta y siete millones y medio de españoles la cuestión de si aceptamos, o no, que una determinada parte de España deje de ser España. Esas mayorías son en el Congreso de los Diputados 210 diputados (de 350) y en el Senado 159 senadores (de los actuales 265). Si un mínimo de 210 diputados y 159 senadores votasen a favor de que el citado referéndum tuviera lugar, podría convocarse y todos los españoles con derecho a voto podríamos pronunciarnos. Supongamos que el resultado es sí a que una determinada parte de España deje de ser España.
B) Ya estamos en el siguiente paso, que es que se redacte una nueva Constitución excluyendo la parte de España en cuestión. Entonces, el Congreso de los Diputados y el Senado votan el nuevo texto constitucional, el cual debe ser aprobado por las mismas mayorías cualificadas que las del punto A. Volvamos a suponer que el resultado es el sí de un mínimo de 210 diputados y de 159 senadores.
C) Este paso es el de la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. El Congreso de los Diputados y Senado derivados de estas elecciones generales han de debatir el texto constitucional aprobado en la pasada legislatura y han de aprobarlo nuevamente por mayorías cualificadas. Una vez aprobada, la nueva Constitución se sometería a referéndum de todos los españoles. Con el resultado positivo dado por todos los españoles podría procederse a la declaración de independencia de esa parte de España.
Se habría destruido la España que conocemos actualmente, la que está vigente desde 1978, y habría nacido una nueva España con una región menos. Y todo el proceso se habría hecho de acuerdo al marco constitucional de partida, al que tenemos ahora mismo y lo tenemos desde que se aprobó la Constitución a la que nos debemos todos los españoles, todos sin excepción.
Conclusión
El cuerpo de este breve ensayo, la “RUTA LEGAL PARA DESTRUIR ESPAÑA”, podrá ser conocido, o no, por el lector, podrá gustarle más o menos, podrá cabrearle o alegrarle. A mí me da igual la reacción que induzca en quien lea esto, pues mi propósito lejos de ser complacer es comunicar claramente que, al disfrutar de democracia, y por tanto tener la suerte de no padecer una dictadura, todo cuanto deseemos como sociedad es posible si lo conseguimos por la vía legal que nos permite la propia democracia.
Yendo al plano pragmático y apoyándome en la “INTRODUCCIÓN”, afirmo que tenemos un magma social débil, impregnado de un relativismo moral adoctrinado y adoctrinador, que induce a millones de españoles a la incapacidad de discernir entre lo legal y lo ilegal, entre lo ético y lo inmoral, entre lo conveniente y lo inadecuado. No es posible que unos cuantos españoles, el millón y medio que vota a las fuerzas políticas abiertamente separatistas, tengan abducidos a socialistas, comunistas y a algunos centro-derechistas, o sea, a decenas de millones. ¿O sí?
