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Opinión | Ramiro Grau

Legalizar la prostitución

putas

Hacienda nos exprime cada día a los contribuyentes, cada vez más escasos. Mientras tanto, existen grandes bolsas –más bien océanos- de actividades alegales, que campan a sus anchas, sin pagar impuesto alguno o cotización a la seguridad social. Personas cuyos ingresos son netos, sin contribuir en nada al mantenimiento del Estado, de esa Policía o Servicios Sanitarios que tan frecuentemente utilizan. Me refiero, claro está, a la prostitución.

El propio carácter de alegal de la actividad, es decir, de no regulado, impide conocer de una forma clara y precisa el número de personas que trabajan en ella, tanto mujeres como hombres.

Algunos hablan de medio millón de personas, otros de trescientas mil, incluso algún sociólogo ha publicado que la cifra puede estar próxima al millón de personas, lo que ya me parece excesivo…

Y hablo de la puta –o el puto- profesional, no de la aficionada, que también las hay, y en grandes cantidades, puesto que para las mujeres el sexo es un medio para conseguir cosas, mientras que para el hombre es un fin en sí mismo. Tontos que somos.

Desgraciadamente y en la actual situación económica, muchas personas acuden a la prostitución por necesidad, de forma temporal u ocasional, sin que ello implique un ejercicio profesional, por lo que es evidente que estas personas nunca se van a dar de alta en la “actividad”, entre otras razones por el carácter deshonroso que su ejercicio tiene y tendrá, lo que no obsta para que los mejores clientes sean los mayores moralistas. Recuerdo haber conocido en Madrid a una supuesta “azafata” que se había pasado por la piedra a toda la cúpula de una caja de ahorros regional, la mayor parte perteneciente a un grupo religioso…

De cualquier forma, es evidente que hay varios centenares de miles de personas que viven de su “trabajo”, aunque sea tan peculiar como ese, y que cobran por sus prestaciones personales –y nunca mejor dicho-, sin cotizar a autónomos ni pagar impuesto alguno a Hacienda.

Y, por supuesto, sin tener obligación legal alguna de someterse periódicamente a controles médicos, poder coger la baja cuando sufren alguna enfermedad infecciosa, que luego van transmitiendo a sus “clientes”, etc.
Posteriormente, cuando sean mayores, pedirán una pensión no contributiva, y a vivir que son dos días. Pero a lo largo de su vida laboral no habrán pagado nada a la seguridad social, contribuyendo así al debilitamiento del sistema.

Consideraciones morales aparte, ¿es justa esta situación? ¿No sería preferible reconocer la realidad de los hechos y regular el ejercicio profesional de las personas que viven –o sobreviven- con estas actividades?
Y que paguen impuestos, como todo el mundo, lo que además de legalizar su actividad, les daría también derechos a la hora de obtener prestaciones: bajas, invalidez, jubilación, etc. Y no hablo del desempleo pues la clientela es mucha, y seguro que siempre tendrán algún cliente que llevarse a la boca, y nunca mejor dicho…

Soy consciente de que hay dos corrientes al respecto, la partidaria de su legalización y la contraria, y ambas me merecen todos los respetos.

La prostitución ha oscilado a lo largo de la historia con un triple tratamiento, como delito, con una fase intermedia, de alegalidad, de tolerancia, que es la situación actual en España, y finalmente como derecho a disponer sobre el propio cuerpo.

Consideraciones religiosas y morales aparte, que al fin y al cabo los principios religiosos son propios de cada uno, y lo que es moralmente aceptado es lo que la sociedad admite como “normal”.

Precisamente por eso título el artículo entre interrogantes, pues yo tampoco tengo un criterio claro al respecto. Pero lo que si pienso es que es totalmente discriminatorio que estos cientos de miles de personas no paguen impuestos ni seguros sociales y los demás sí.

¿O es que se trata de subvencionarles entre todos por la –presunta- utilidad social de su trabajo…?

Ramiro Grau. Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Escrito para MEDITERRÁNEO DIGITAL

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