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        David Enguita

        
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        David Enguita
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        Enrique Area Sacristán

        
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        Erik Encinas

        
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        Erik Encinas
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        Javier Cordero Aparicio

        
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        Javier Cordero Aparicio
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Opinión | Ramiro Grau

El chollo de ser director general

dga aragon

La DGA nombra 24 nuevos directores generales.

Ayer el consejo de gobierno de la DGA, llamada pomposamente el gobierno de Aragón, como si fuéramos un “estado” independiente, nombró 34 nuevos directores generales, que se unen a la docena –más o menos-, nombrados previamente. ¡Será por dinero!

Dinero que, excuso decirles, saldrá de su bolsillo y del mío, de nuestras futuras herencias, que acabarán confiscadas por la autonomía correspondiente, como de hecho ya venía sucediendo en la Andalucía socialista, etc.

Como me decía hace poco un anciano de mi pueblo natal, Laguarres, en el Altoaragón: “las herencias no son para los hijos o herederos; son para el gobierno”, y no le faltaba razón.

Al comienzo de la transición, esa que ahora se quiere enterrar, por mor de volver a las luchas fratricidas y enfrentamientos entre hermanos, que fueron el preludio de la guerra civil, se organizó una gran polémica con las pensiones vitalicias de que disfrutaban quienes habían sido ministros en los diversos gobiernos de Franco (alrededor de un centenar de personas), y que permitían vivir con dignidad a quienes habían descuidado su vida profesional, o, simplemente, la habían abandonado, por el servicio público. Al final, y tras mucha polémica, se llegó a una solución de consenso, consistente en dejarles una paga durante dos años, que les permitiera rehacer su actividad laboral, una vez cesados, pues ya sabemos que aquí no dimite nadie o casi nadie.

¿Qué sucede ahora? Los socialistas introdujeron hace algunos años una modificación legal en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, en virtud de la cual todos los directores generales que hayan ocupado el cargo durante más de dos años, disfrutarán del complemento específico de alto cargo hasta que se jubilen, por el simple hecho de haberlo sido. Y una vez jubilados, pasan a disfrutar de la pensión máxima de nuestro generoso sistema de clases pasivas.

¿Y qué pasa con los profesionales liberales, empresarios, trabajadores autónomos y por cuenta ajena, etc., que hayan sido nombrados directores generales, en los pocos casos en que es posible ocupar el cargo sin ser funcionario? Pues que se joroben…

Ellos no tienen ese “derecho”, más bien privilegio, una vez cesados, por no ser funcionarios.

Esta medida, claramente un chollo para los funcionarios próximos al poder, y “reconvertidos” en cargos políticos de libre designación, es decir, a dedo, y cargos asimilados a directores generales, delegados del gobierno, rectores de universidades públicas, etc., pretendía compensarles por el esfuerzo y la dedicación al cargo.

Rápidamente los ex directores generales de las 17 comunidades comenzaron a acudir a los tribunales, diciendo que ellos no eran menos directores generales que los de la administración central del Estado, y consiguieron idéntico beneficio…

Posteriormente las leyes autonómicas les reconocieron se “derecho”, pues no iban a ser ellos menos que sus homónimos estatales.

Ya se sabe que España es un estado compuesto por 17 pequeños estados, la mayoría de los cuáles aspiran a ser independientes, pero con una “independencia subvencionada”, como decía don Amando de Miguel, y no le faltaba razón.

Y no me extrañaría nada que los “directores generales” existentes en la administración local –por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza-, también gocen de idéntico privilegio, bien por vía de concesión administrativa, o por reconocimiento judicial.

• Multiplíquese el número de ministerios –muchos de ellos inútiles- por los numerosos directores generales existentes en cada uno de ellos (antes había 13 ministerios, pero Sánchez los aumentó a 17, y en la próxima legislatura es posible que ya andemos por una veintena),
• Las consejerías de las 17 comunidades autónomas con los varios altos cargos existentes en cada una, a un promedio de diez a quince departamentos por autonomía,
• El alrededor de medio centenar de universidades públicas, organismos autónomos, es decir, chiringuitos, institutos y observatorios para vigilar todo (menos el maltrato a los hombres, niños y ancianos),etc.,
• Y nos encontraremos con varios miles de funcionarios –a este paso, pronto cientos de miles- disfrutando del complemento específico de alto cargo, y camino de una jubilación millonaria, en su día.

¿Puede España seguir soportando este despilfarro del escaso dinero público existente…?

En mi modesta opinión, NO.

Ramiro Grau. 
Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Escrito para MEDITERRÁNEO DIGITAL

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