Opinión | Ramiro Grau

España necesita juzgados contra la corrupción

juzgado

A la memoria de don José Bermejo Vera, profesor, compañero, amigo, Maestro.

La ola de corrupción que nos inunda –más bien un peligroso tsunami-, amenaza acabar con nuestro sistema político, y no digo democracia, pues no me gusta engañar a nadie…

Pero además tiene otra consecuencia peligrosa, y es la inclusión de España en los listados internacionales de países corruptos, -en dónde vamos escalando rápidamente posiciones-, de forma que las grandes empresas multinacionales se lo pensarán dos veces antes de invertir aquí, pues saben perfectamente que tendrán que pagar “mordidas” sin fin para obtener los permisos y licencias necesarios, y en ocasiones no sólo a un sobrecogedor, sino a varios: ayuntamiento, comunidad autónoma, administración central, organismos con competencias específicas, etc., pues para abrir cualquier fábrica o centro comercial hacen falta un montón de autorizaciones, todas las cuales pueden estar sometidas “a peaje”.

¿Qué soluciones tiene esta situación dantesca? Yo me atrevo –la ignorancia es muy atrevida- a propugnar algunas:

  1. Que se exima de responsabilidad penal al empresario que denuncie cualquier petición de soborno, o incluso que lo haya pagado previamente, para poder seguir adelante con su negocio o empresa.
  2. Que se endurezcan las penas de prisión para los políticos o empleados públicos corruptos, inhabilitándoles para ocupar cargos o empleos públicos durante un montón de años, y fijando penas de prisión, de cumplimiento obligatorio, sin posibles suspensiones u otros beneficios penitenciarios.
  3. Que se creen Juzgados contra la Corrupción, al menos uno por comunidad autónoma –y en las grandes varios-, como jurisdicción especializada, para tramitar todos estos asuntos con agilidad y especialización, no como ahora, que los imputados acaban muriendo, de muerte natural, antes de ser condenados, o en su caso, absueltos.
  4. Que se prohíban las sentencias “de conformidad” en estos asuntos, estableciéndose legalmente la obligatoriedad de celebrar el juicio correspondiente, con vistas públicas, para que la sociedad a la que se ha perjudicado, pueda conocer los hechos enjuiciados. 
  5.  Que se publiquen en el BOE todas las sentencias condenatorias firmes, o al menos un extracto de las mismas, para público conocimiento y desprestigio político o profesional del alto cargo o funcionario hallado culpable de alguno de estos delitos.
  6. Que las penas deban cumplirse íntegramente, salvo que se proceda a la devolución de la totalidad o de una parte sustancial del dinero “untado”, en cuyo caso la prisión podría reducirse en atención a esta circunstancia, pero nunca la inhabilitación para ocupar cualquier cargo oficial. 

Es posible que mis ideas sean quiméricas, y seguramente lo son, pero creo son efectivas y realistas. Ahora bien, nada de ello se hará, pues los grandes partidos están de corrupción hasta las cejas, y obviamente no van a tirar piedras a su propio tejado. Que serán tontos, pero no idiotas…

Se impone, pues, botarles y empezar a votar a cualquier otro partido, aunque ello dificulte la gobernación de España. A grandes males, grandes remedios.

Ramiro Grau. 
Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Escrito para MEDITERRÁNEO DIGITAL

Ramiro Grau
Autor: Ramiro GrauWebsite: https://www.ramirograumorancho.com/
Ramiro Grau Morancho nació en Laguarres (Huesca), en 1957. Graduado Social con Premio Extraordinario Final de Carrera y Licenciado en Derecho, por la Universidad de Zaragoza. Titulado Superior en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Internacional de Cataluña. Diploma de Estudios Avanzados, DEA, en Derecho, por la Universidad Abad Oliba, de Barcelona. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Abogado. Autor de veintinueve libros, algunos con varias ediciones. Escritor y colaborador de varios diarios digitals, medios de comunicación social y revistas jurídicas especializadas, con miles de artículos publicados.
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