La Constitución no permite un gobierno totalitario, comunista y bolivariano

comunismo podemos

Los españoles llevamos un mes en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Con la llegada al poder, tras falsear los resultados electorales, y aliarse con los partidos separatistas catalanes y vascos, los social comunistas pretenden hacer de nuestra Patria una nueva Albania comunista en Europa, como cabeza de puente de los narco gobiernos de Bolivia y Venezuela, entre otros.

El “viejo” comunista Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, pero auténtico líder de la coalición, interpreta la Constitución de 1978 a su libre albedrío, propugnando la nacionalización de los ahorros, es decir su incautación gubernamental, hablando claramente, en aras del interés general, ante la catastrófica situación a la que ellos mismos nos han llevado, invocando el art. 128, 1, de la Constitución que dice que:

“Toda la riqueza del país en sus diversas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, Y no solo lo dice, sino que en la normativa promulgada por el gobierno, como decretos-leyes, sin intervención del Congreso de los Diputados, se han incautado de numerosas empresas, auto facultándose el gobierno social comunista para “Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimiento sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico” (art. 13, b., del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, boletín oficial del mismo día).

Prohíben asimismo en dicha normativa que las empresas privadas que prestan servicios de suministro de agua, electricidad, gas, telefonía, internet, etc., puedan cortar el suministro a ningún usuario…, aunque no pague.

Situación está que, a medio plazo, puede suponer la quiebra de una buena parte de esas empresas, al menos de las no capitalizadas suficientemente, y que puedan aguantar este vendaval totalitario.

En España ya sabemos mucho de estos “aspirantes a salvadores”, y cuyo único interés es apoderarse de toda la riqueza nacional, de los resortes del poder, etc., e instaurar así una dictadura comunista bolivariana, al estilo de Venezuela.

Olvida el dirigente comunista que la propia Constitución dice en su art. 38 que:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

Pero una cosa es planificar, y otra bien distinta, intervenir, para cuya realización debería acudirse a la ley, y no solo a instancias gubernamentales, siempre dispuestas a utilizar torticeramente el Derecho, en su propio beneficio…

Así lo salvaguarda y garantiza la Constitución en su art. 128, 2, in fine:

“Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Corren malos tiempos para la iniciativa privada en España, y en este marco tan cambiante, y con grandes aspiraciones al totalitarismo más abyecto, dudo mucho de que ningún empresario con dos dedos de frente, apueste por España.

Ramiro Grau
Autor: Ramiro GrauWebsite: https://www.ramirograumorancho.com/
Ramiro Grau Morancho nació en Laguarres (Huesca), en 1957. Graduado Social con Premio Extraordinario Final de Carrera y Licenciado en Derecho, por la Universidad de Zaragoza. Titulado Superior en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Internacional de Cataluña. Diploma de Estudios Avanzados, DEA, en Derecho, por la Universidad Abad Oliba, de Barcelona. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Abogado. Autor de veintinueve libros, algunos con varias ediciones. Escritor y colaborador de varios diarios digitals, medios de comunicación social y revistas jurídicas especializadas, con miles de artículos publicados.
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