Los ERES andaluces: falsedades y malversación de caudales públicos

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Nuestro colaborador don Ramiro Grau Morancho publicó el 18 de febrero de 2011 en el diario digital Aragón Liberal un artículo que, debido a su innegable interés informativo, reproducimos íntegramente a continuación.

Los hechos son tozudos, y nueve años después, gracias a la denuncia del sindicato Manos Limpias, al trabajo de la Fiscalía, que todo hay que decirlo, y al gran esfuerzo de la magistrada-juez doña Mercedes Ayala, algunos –que no todos- de los culpables han sido condenados a penas de prisión y/o de inhabilitación para ocupar puestos públicos.

Ahora solo falta que la AEAT y el juzgado correspondientes, ejecuten la sentencia, cuando sea firme, y procedan al embargo y venta en pública subasta de los bienes de los ya condenados, para que la Junta de Andalucía consiga resarcirse, siquiera sea parcialmente, del millonario “robo” de 680 millones de euros…, que posiblemente será mucho más, pero esto es lo que se ha conseguido acreditar y demostrar hasta la fecha.

La justicia es lenta, pero segura…

Es realmente tercermundista, propio de un país bananero, lo que está sucediendo en Andalucía. Y no me explico como la Fiscalia y los Juzgados de Instrucción correspondientes no actúan en consecuencia. Estamos, ab initio, ante presuntos delitos de falsedad de documentos oficiales, en concurso ideal con delitos de malversación de caudales públicos.

En su día cursé la carrera de Graduado Social, ejerciendo durante varios años como profesional liberal. Eran los años mil novecientos ochenta y tantos, y por desgracia tuve que tramitar varios expedientes de regulación de empleo, abreviadamente ERES, para empresas en dificultades, unas veces representando a las empresas afectadas y otras defendiendo los intereses de los trabajadores, que llevaban meses sin cobrar, el empresario había desaparecido, etc.

Debo decir, en honor a la verdad, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenía perfectamente regulada la tramitación de los ERES, y era absolutamente imposible “colarles” irregularidad alguna. Los impresos correspondientes, donde se relacionaban los trabajadores incluidos en el ERE, debían llevar todos los datos personales de los beneficiarios –o afectados, según se mire-, nombre y apellidos, documento nacional de identidad, fecha de alta en la empresa, categoría profesional, número de afiliación a la seguridad social, etc.

Independientemente de todos estos datos, que se presentaban por el promotor del expediente, graduado social o abogado, normalmente, posteriormente la Seguridad Social o el Inem, no recuerdo con certeza, tenía que certificar la veracidad de los datos expuestos, por lo que evidentemente no podía incluirse a nadie que no figurase como trabajador de la empresa, con la antigüedad correspondiente, que lógicamente no podía modificarse, etc.

Mensualmente las empresas tenían –y tienen- que presentar sus impresos de cotización, en donde figura la relación nominal de todos y cada uno de sus empleados, categoría, antigüedad, número de seguridad social, etc., con lo cual se podía verificar –y de hecho se verificaba- la total coincidencia entre los datos aportados de parte y los existentes en los sistemas informáticos –o documentales, por aquel entonces, que no había tanto archivo informático como ahora- de la Seguridad Social.

En resumen, el control era, y estoy seguro de que seguirá siendo, total y absoluto.

¿Qué ha sucedido para que se hayan “inventado” trabajadores inexistentes en las empresas (públicas) afectadas, falsificando documentos oficiales, pues los ERES son expedientes del Ministerio de Trabajo? O en el caso de Andalucía, de la Junta, al tener transferida la competencia en materia laboral, pero sigue siendo un organismo público, por lo que los documentos que emanan del mismo tienen la categoría de documentos oficiales.

¿Quiénes han sido los autores y cómplices de estos delitos? ¿Qué funcionarios no han hecho su trabajo, y han mirado para otro lado, dejando de comprobar la certeza de los datos existentes en los ERES en cuestión, y generando la consiguiente malversación de los caudales públicos de la seguridad social?

Pues esa es la segunda cuestión. Independientemente de la falsedad de documentos oficiales, que está bastante clara, ab initio, repito, hay una malversación de caudales públicos, puesto que los trabajadores incluidos en el ERE pasan a percibir la prestación contributiva por desempleo, o directamente la jubilación anticipada, dependiendo de sus edades y períodos de carencia –cotización- anteriores, así como a percibir las indemnizaciones correspondientes por la extinción del contrato de trabajo, bien de la empresa afectada o, caso de insolvencia de la misma, del Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo que se financia con una parte de nuestras cotizaciones a la seguridad social, y maneja por consiguiente fondos públicos…

Como profesional, teórico y práctico, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, puedo y debo decir que una operación de tal envergadura solamente es posible realizarla por orden de las autoridades políticas y administrativas correspondientes: Consejero de Trabajo, Director o directores generales correspondientes, Letrados y funcionarios que “vigilan” –es un decir- la legalidad del procedimiento, etc.

Y todos y cada uno de ellos son autores, cómplices o cooperadores necesarios en la realización de los hechos delictivos enumerados al comienzo del artículo.

Ramiro Grau.
Abogado y escritor.
www.ramirograumorancho.com
Escrito para MEDITERRÁNEO DIGITAL

Ramiro Grau
Autor: Ramiro GrauWebsite: https://www.ramirograumorancho.com/
Ramiro Grau Morancho nació en Laguarres (Huesca), en 1957. Graduado Social con Premio Extraordinario Final de Carrera y Licenciado en Derecho, por la Universidad de Zaragoza. Titulado Superior en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Internacional de Cataluña. Diploma de Estudios Avanzados, DEA, en Derecho, por la Universidad Abad Oliba, de Barcelona. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Abogado. Autor de veintinueve libros, algunos con varias ediciones. Escritor y colaborador de varios diarios digitals, medios de comunicación social y revistas jurídicas especializadas, con miles de artículos publicados.
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