La Sentencia de la no rebelión
Última actualizaciónDom, 23 Feb 2020 2pm

La Sentencia de la no rebelión

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A unos días de desenterrar al Generalísimo y a otros pocos más de acudir por segunda vez consecutiva este año a las urnas, la tan esperada Sentencia del ‘procès’ ya está aquí. Nuestro Tribunal Supremo confirmó el lunes que los líderes independentistas cometieron en Cataluña delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Si bien este fallo pone punto final a una deliberación de cuatro meses, no nos engañemos: el punto y aparte del independentismo no ha hecho más que empezar. En honor a la Democracia, hemos de reflexionar sobre las incógnitas de este gran puzle sociopolítico: ¿existió estrategia política en la filtración del sentido del fallo para preparar a la ciudadanía? ¿Por qué los siete magistrados del Alto Tribunal han entendido que los procesados deben ser condenados por un delito de sedición, con la consecuente aplicación de penas menores, en lugar de un contundente delito de rebelión? ¿Saldrán los condenados de la cárcel según cumplan una cuarta parte de su condena? O peor, ¿serán indultados por el actual gobierno en funciones como medalla pacifista para granjearse votos el próximo 10 de noviembre?

Qué alarmante resultó hace apenas unos días que el fallo aun sin firmar, sin firmar más que por el propio magistrado Marchena, fuera filtrado a la prensa y por ende, al conocimiento de la ciudadanía. ¿Querrían acaso conocer el parecer de los españoles? ¿Preparar al ala más radical del independentismo para que no llevaran al extremo sus protestas?, ¿o aplicar una de cal y otra de arena, para justificar una más que posible aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución en los próximos días? Sea cual fuere el motivo, llamada de atención a nuestros dirigentes: el ciudadano de a pie ya está un poquito más informado gracias a la era digital, así que cuidado con las estrategias evidentes de intentar influir en el sentido de su voto a costa de la unidad territorial de nuestro Estado.

Con la letra mojada de la sentencia, hemos de entender que nuestro Código penal tipifica como reos del delito rebelión a “los que se alzaren violenta y públicamente” para, entre otros fines, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” o “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”. Un comportamiento que implica desde los 15 a los 30 años de privación de libertad e inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público y solicitado tanto la Fiscalía como la acusación popular de VOX. Un delito con el que se castigó a Tejero por su intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sí, ese general cuyos pistoletazos aun se atisban en el techo nuestro Parlamento.

Si bien los magistrados del Tribunal Supremo aprecian que “la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”, no basta con constatar estos “indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos” integraron “un delito de rebelión”. Nuestros jueces han entendido que la violencia no fue instrumental - preordenada a los fines del delito – ni funcional - el conjunto de actos previsto y llevados a cabo, no fueron suficientes “para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación la Constitución española en el territorio catalán”-. ¿O sea que como la declaración de la independencia no fue un hecho consumado “pese al despliegue retórico” y “mera ensoñación” de los acusados y pese a los episodios violentos, sus cabecillas no pueden ser condenados por rebelión? Esta laxa interpretación judicial resquebrajará aún más la enorme brecha social candente en nuestra región catalana.

Así, los magistrados han dictaminado que los condenados fueron reos de sedición, delito que se aplica a los que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

La última cuestión que no deja de indignar al ciudadano es si estos reos gozarán de los famosos permisos de tercer grado cuando hayan cumplido una cuarta parte de sus penas. Recordemos que, en apenas 3 años, volverá a salir a las calles un sedicioso Oriol Junqueras que también ha malversado los fondos pagados por todos los españoles.

Ojalá que nuestro presidente Pedro Sánchez no utilice el posible indulto como arma política para volver a ganar el Ejecutivo que se ha mostrado incapaz de gobernar. Ojalá este fallo no termine en manos de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cuestione la violación de los derechos de los enjuiciados y por tanto, del sistema judicial español. Nos guste o no, hemos de acatar ‘la Sentencia de la no rebelión’ sobre el papel, pero que hoy sigue provocando manifestaciones y enfrentamientos en nuestras calles. Un sentimiento germinado en las cabezas de los más jóvenes, adoctrinados por el actual sistema descentralizado de la educación en nuestro país. Que nadie nos engañe: el casi medio millar de páginas dictadas por nuestro Alto Tribunal se erige como el comienzo de la batalla para el independentismo catalán

Patricia Sanz [@patriciasanzlo]

Madrileña y abogada experta en fiscalidad internacional. Redactora jefe de MEDITERRÁNEO DIGITAL.

Ha sido jefa de redacción de La Esfera Digital, colaborado en los informativos de Cadena COPE y formado parte del Gabinete de Prensa de la Comisión Europea.

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