La mayoría de los medios llevaban entre sus titulares, días atrás, la posible reprobación en las Cortes de la Ministra de Justicia Dolores Delgado, dado su posicionamiento inicial ante la denuncia formulada en Bélgica, por Puigdemont y cuatro de sus ex consellers, contra el magistrado Pablo Llarena, por unas supuestas declaraciones de éste contra los políticos independentistas huidos, en las que de forma deliberada se falseaba la traducción que le incriminaba. Delgado se posicionaba contra el magistrado al declarar que su procesamiento era una cuestión privada y su defensa no se costearía desde el Estado. Cuando le arreciaron las críticas le saldrá al quite Sánchez, enmendándola la plana, y no le quedará otra que dar un bandazo de ciento ochenta grados y declarar que el estado español costeará los gastos del bufete que defenderá a Llarena.
