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Opinión | Iñaki Anasagasti

Lo que también hicimos con la Constitución

rey firma constitucion

Si bien es verdad que el paquete fundamental de enmiendas del Partido Nacionalista Vasco tenía como objetivo fundamental la problemática autonómica, en ningún momento se dejaron a un lado aspectos generales de la Constitución, de ámbito superior al estrictamente vasco.

Fuimos tal vez los que con más insistencia abogamos por la abolición de la pena de muerte, abolición que no estaba recogida en el primer anteproyecto, realizando además aportaciones decisivas en el plano de las garantías procesales. En el capítulo de libertades y derechos que establece la Constitución, pedimos que el detenido pudiera ser informado de inmediato de las causas de su detención así como que el abogado se hallara presente a la hora de hacer la declaración, pudiendo el detenido gozar de asistencia en todo momento. Asimismo, y en este mismo capítulo de las garantías procesales, tratamos de que no se impusiera la obligación de declarar en contra del cónyuge, ni en contra de ascendientes y descendientes, ampliando esta salvedad a las personas conocedoras de hechos en razón de su profesión. Cabe también destacar la enmienda que hacia referencia a la anulación de la facultad de la Admi­nistración, y aunque fuera de manera subsidiaria, de imponer sanciones que supusieran la privación de libertad. Por último, planteamos el tema de que, incluso en estado de excepción, no quedaran suspendidos los derechos del detenido a ser informado de las causas de su detención y a recibir la asistencia de un abogado. Estas enmiendas fueron defendidas por el diputado por Álava del Partido Nacionalista Vasco, José Ángel Cuerda.

Al contemplar las causas de la disolución del matrimonio, el grupo parlamentario vasco especificó que este tema debía ser regulado estableciendo una ley de divorcio; de hecho, tratábamos de elevar a rango constitucional el re­conocimiento del divorcio. Lo planteamos con total natu­ralidad, toda vez que interpretábamos que, con independencia de las creencias religiosas de cada uno de los ciudada­nos, desde el punto de vista civil, cabía la disolución del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Por otra parte sabíamos que el reconocimiento y la legalización del divorcio tendría lugar en breve plazo, por lo que creímos oportuno que la Constitución reconociera esta si­tuación.

A pesar de que en el anteproyecto presentado el 5 de enero no se hacía referencia a la Iglesia, posteriormente se hizo mención de la Iglesia Católica y de las demás confesiones religiosas. Nosotros nos manifestamos contrarios a la concreción de la Iglesia Católica en el texto constitucio­nal, ya que, a pesar de que era a todas luces evidente su mayor entidad, no por ello estimábamos oportuno constitucionalizar aquella diferencia, ni mostrar ningún tipo de inclinación por confesión religiosa alguna.

En lo referente a la propiedad, tal vez porque si se hubiera entrado a concretar y a analizar en profundidad hubiera dado origen a grandes discrepadas, constatábamos tratamiento excesivamente corto. Se reconocía el derecho a la propiedad privada, y pese a que en el apartado segundo se regular su función social. Nosotros quisimos darle un tratamiento más amplio, tratando de que fuera reconocido no sólo el derecho de propiedad pri­vado, sino también el público y el colectivo. Intentamos, en todo momento, poner de manifiesto la responsabilidad social que lleva aparejado el ejercicio de la propiedad con respecto al bienestar y al interés general de la comunidad, resaltando las interdependencias que existen tanto a nivel económico como social, interdependencias importantes y que a menudo consiguen que la sociedad se mueva al compás de las decisiones que se toman a nivel privado. Proponíamos que determinados bienes, como la tierra y el suelo, los recursos naturales y los medios de producción, pudieran ser convertidos, mediante ley, en propiedad co­lectiva por los poderes públicos —tanto los autonómicos como los del Estado— en razón de utilidad pública o inte­rés social; en este mismo sentido, se reconocía a la Admi­nistración el derecho a intervenir en el desarrollo de la ac­tividad económica a fin de contribuir con su actuación al bienestar general.

Los temas relativos a la infancia y a la tercera edad fueron, asimismo, objeto de nuestra atención. En el antepro­yecto que se publicó el 5 de enero no quedaban recogidos los derechos del niño, proponiendo nuestro grupo una enmienda en virtud de la cual se procedía a constitucionalizar estos derechos que habían sido tomados de la declaración de las Naciones Unidas. En lo referente a la tercera edad, se instaba a su participación e integración en la sociedad, al mismo tiempo que se hacía una referencia a la problemática de los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, así como a la de los menores marginados.

De cara al Senado, tema al que concedimos una gran importancia, tratamos denodadamente de que esta Cá­mara se constituyera en la Cámara de las Comunidades Autónomas, privando en todo momento el enfoque de nacionalidad o región sobre el provincial.

En lo tocante a las relaciones Gobierno-Cortés, y en concreto en lo referente a la moción de censura, pedimos que pudiera ser presentada por la décima parte de los diputados y de los senadores, tal como señalaba el antepro­yecto, o bien a instancias de un grupo parlamentario. Asi­mismo, exigíamos que la actuación de la Administración y del Gobierno estuviera sujeta a los principios de descentra­lización y desconcentración, así como a los criterios de efi­cacia y objetividad, sirviendo a los fines colectivos con­forme a la Ley y al Derecho.

Pedimos la gratuidad de la Justicia, así como la supresión de los Tribunales de excepción, recortando la jurisdic­ción militar al ámbito estrictamente castrense. Cabría de­cir también que planteamos la posibilidad de que el servi­cio militar se cumpliera en las instalaciones situadas en la nacionalidad o región a la que se perteneciera.

En líneas generales y de manera en extremo resumida, el núcleo fundamental de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco.

Iñaki Anasagasti [@ianasagasti]
Político vasco. Publicado en El Blog de Iñaki Anasagasti

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