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Lun12172018

Última actualizaciónLun, 17 Dic 2018 11am

Opinión | Erik Encinas

España debe proteger la propiedad privada

okupas

La banca asegura que hay entre 85.000 y 90.000 viviendas okupadas ilegalmente en España. Un problema muy serio, dado que se vulnera de lleno el derecho a la propiedad privada. Además, se calcula que más de tres cuartas partes son propiedad del sector financiero. Al menos 70.000 pisos en posesión de las entidades están habitados de forma ilegal.

La gravedad del asunto merece soluciones que garanticen el fin de las okupaciones ilegales de manera rápida y efectiva. De otro modo, seguirá reinando la ley de la jungla en muchos lugares del país con batallas judiciales de por medio. Por esta razón de peso, se deberá regular en un sentido estricto para que se proteja la propiedad privada sin ataduras ni medias tintas, porque no puede tolerarse que ciudadanos vean antes sus ojos como les usurpan su hogar, tardando a veces hasta años en recuperar sus casas. Las mismas que no deberían haber perdido nunca, y menos aún por motivos ajenos.

El propio sector financiero establece en sus cálculos que la mayoría de los casos se dan en Madrid y Barcelona, algo de sentido común, no únicamente por ser las dos mayores ciudades de la nación, sino también por sus equipos de Gobierno, que suelen obviar de momento está esperpéntica situación, ya que no han solventado está decadente situación que pone en cuestión al Estado. De hecho, para la banca, la legislación española es demasiado garantista (lo que significa que resta protección al dueño) y, encima, muchos Ayuntamientos están siendo ciertamente muy permisivos con la okupación. Todo en la línea. Cuando realmente el papel de las instituciones públicas debería ser el de proteger los intereses de los ciudadanos frente al incumplimiento de las leyes.

Para que se hagan más ideas de la gran problemática, para un particular el impacto de las usurpaciones ilícitas es muy grande: según reveló la firma Pluslegal Abogados, desalojar a un okupa puede alargarse a un periodo de ocho meses y costar de media de 2.100 euros (entre el abogado, el procurador, el cerrajero…) más el dinero que deja de percibirse por la explotación de la casa y más la reparación de los desperfectos, ya que normalmente suelen dejar el hogar inhabitable. Incluso sin ropa ni objetos de valor. Por lo tanto, es de extrema necesidad que se aborde una política contundente que frene las expropiaciones ilegales en España.

Erik Encinas [Twitter: @ERIKEO5555]
Estudiante. Activista político y social. Escrito para MEDITERRÁNEO DIGITAL

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