Opinión | Alejo Vidal-Quadras

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La última polémica trucada con la que el peor Gobierno que ha padecido España por lo menos desde la Transición -no hay que remontarse a fechas anteriores para no desviar el tiro- nos está castigando, agravando así los rigores térmicos del estío, consiste en atribuir a la Comunidad de Madrid por una parte un beneficio indebido por albergar a la capital del Reino y por otra la perpetración de un maligno dumping fiscal, en detrimento ambas cosas del resto de España. El primero en blandir tan venenosos argumentos, impregnados los dos de envidia y de resentimiento por la comparación del fracaso propio con el éxito ajeno, fue el diputado Rufián, militante incongruente en un partido que desprecia a los que por sus orígenes geográficos y preferencias lingüísticas debería considerar compañeros oprimidos y no enemigos a reeducar o a expulsar de Cataluña.

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En la época de la famosa movida madrileña se hizo popular la frase 'Madrid me mata' entre los castizos de la contracultura musical que venía a significar los gratificantes excesos de la urbe.

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Las diversas veces que en el pasado el Partido Socialista y el Partido Popular se comprometieron en sus campañas electorales a revertir la atrocidad que en términos constitucionales e institucionales representó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 perpetrada por el dúo González-Guerra, que erosionó de forma implacable la independencia del Poder Judicial en nuestro país, y los subsiguientes incumplimientos por parte de ambos, incluso cuando contaron con cómodas mayorías para hacerlo, forman parte ya de la pléyade de infamias cometidas por los dos supuestos pilares sostenedores del sistema del 78. En estos días vivimos de nuevo este oprobio, con el agravante de que el número de postulantes a poltronas en el Consejo General del Poder Judicial se ha multiplicado e incluye a formaciones que han anunciado que su objetivo es tumbar el orden político y jurídico vigente y liquidar a España como Nación democrática garante de nuestros derechos y libertades.

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Los socialistas catalanes han cambiado de caballo en la última curva de la carrera que tiene su meta el próximo 14 de febrero. La sustitución ha sido realmente sustancial, han pasado de un cabeza de lista orondo y festivo, con contoneos de animador de discoteca, a otro ascético y lúgubre, con aspecto de empleado de pompas fúnebres. El hecho de que Salvador Illa haya desempeñado el cargo de ministro de Sanidad durante un año que ha visto morir por Covid-19 a ochenta mil españoles, principalmente ancianos atrapados en residencias geriátricas, presta a su candidatura un tono especialmente tétrico. Curiosamente, Pedro Sánchez ha impulsado esta pirueta de última hora con el argumento de que la notoriedad adquirida por el exalcalde de La Roca del Vallés como responsable máximo de la cartera encargada de evitar este drama contribuirá a obtener para el PSC un resultado mucho mejor que el que hubiera conseguido el trepidante Iceta. Se ha publicado que las encuestas avalan esta penetrante intuición del presidente del Gobierno, personaje al que, como es sabido, caracterizan su amor a la verdad y su capacidad de cualquier renuncia personal que sirva al interés general.

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Cuando esta columna vea la luz estaremos celebrando el cuadragésimo segundo aniversario de la aprobación por una mayoría abrumadora de la azarosamente vigente Constitución de 1978. Una efeméride sin apenas motivos de alegría, en plena crisis sanitaria, institucional y económica, con un Gobierno presidido por un forajido de la política que no tiene otra guía que su imagen en el espejo de su desmedida ambición.

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Vox ha anunciado que la moción de censura que se propone presentar en el Congreso será defendida por su diputado por Barcelona, Ignacio Garriga, aunque todavía se desconoce quién será el candidato a la Presidencia del Gobierno que exponga el programa que exige el carácter 'constructivo' de esta iniciativa parlamentaria. En principio, esta operación puede ser vista como una pirueta excéntrica de ánimo puramente propagandístico, dado que sus posibilidades de prosperar con la actual distribución de escaños en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo son nulas. Sin embargo, la situación que atraviesa nuestro país, fuertemente castigado por una doble crisis sanitaria y económica de proporciones gigantescas y por una crisis institucional que pone en peligro su supervivencia como Nación, permite contemplar este acontecimiento político desde una perspectiva muy distinta que lo dota de sentido.