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Detenida una 'jefaza' de Hacienda por estafar 6,3 millones de euros a 40 futbolistas

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El diario El País publica que el Juzgado 48 de Madrid y la Fiscalía de Delitos Económicos han desmantelado una trama en la que jugadores de fútbol y de baloncesto extranjeros eran suplantados con firmas falsificadas para obtener las devoluciones del IRPF correspondientes por su condición de no residentes fiscales. Según este diario, la trama estaba integrada por abogados que asesoraban a deportistas en connivencia con una alta funcionaria de la Agencia Tributaria, quien les aportaba los datos fiscales de los deportistas que tras dejar sus equipos en España habían vuelto a sus países de origen sin solicitar la devolución del IRPF para no residentes.

El País asegura que dicha red estafó 6,3 millones de euros de devoluciones fiscales. Además, el diario cifra en un centenar los jugadores de fútbol y baloncesto estafados mediante este procedimiento, algunos del Real Madrid y del Barcelona.

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Según la Fiscalía, la alta funcionaria de la Agencia Tributaria Leonor Sánchez-Caballero se informaba desde su ordenador de los deportistas extranjeros que habían dejado los equipos españoles sin solicitar su devolución correspondiente del IRPF por no residentes (el gravamen para deportistas no residentes es casi la mitad que para los residentes).

Tras conocer los nombres y datos fiscales de los deportistas que habían dejado España sin pedir la devolución correspondiente, la funcionaria de Hacienda ponía a los abogados implicados en la trama sobre su pista. Posteriormente, falsificaban sus firmas para que Hacienda les remitiese a ellos el dinero.

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Sánchez-Caballero era jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de Hacienda, por lo que tenía acceso directo a la identidad de los deportistas que se iban de España sin pedir la devolución. Su posible nexo con la trama era su excónyuge uno de los tres abogados acusados en la investigación, Juan Ignacio Torrontegui. Los otros dos investigados son Julio Lapausa Verdial y Manuel Val Jiménez. Los acusados utilizaban a las firmas de asesoría deportiva Lapver y Star Athletes Society.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para cada uno de los abogados acusados en la trama. Y once años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer cargo público para Sánchez-Caballero. Para todos los implicados reclama además una multa de unos 18 millones de euros. Según el escrito del Ministerio Fiscal, el fraude se cometió entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016.

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