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Un juez de Alicante rechaza un escrito de la Generalitat y pide que se lo envíen en español

pancatalanismo

Un juez de Alicante ha requerido a la Generalitat de Cataluña para que traduzca al castellano un escrito que la administración presentó recientemente en su juzgado. El magistrado argumenta que ninguno de los estatutos de la Comunitat Valenciana -el de 1982 y la posterior reforma- «ha contemplado nunca ni reconocido la cooficialidad de la lengua catalana» en el territorio valenciano. De tal forma que no puede admitir la documentación remitida por el Gobierno de Puigdemont y le da diez días de plazo para que envíe los escritos traducidos al castellano.

Esta decisión se ha producido en un proceso contencioso, aquellos procedimientos en los que se reclama ante una decisión de la Administración. En su día se planteó una cuestión de competencia y se pidió a las partes -entre ellas la Generalitat de Cataluña- que se pronunciaran al respecto. Fue esa contestación, que llegó al decanato de Alicante a finales del pasado mes de diciembre, un escrito «redactado, al parecer, en lengua catalana», según recoge la resolución. Sin embargo, el juez dictamina que no puede ser aceptado como válido «al no existir reconocimiento legal ni ser admitida la lengua catalana como cooficial por parte de la legislación vigente» en la Comunitat.

El auto considera que la presentación de ese escrito supone «un problema jurídico insalvable». El origen, según el juez, es que se parte de la «extraterritorialidad» de la lengua autonómica catalana «que nunca ha sido reconocida por la Comunidad Valenciana». No lo fue en el Estatuto de 1982 ni tampoco en la reforma del texto legal de 2006 que pactaron el Partido Popular y el PSPV. El magistrado recuerda la normativa que regula las cuestiones lingüisticas. La ley permite utilizar el castellano y la lengua que sea también cooficial en la comunidad en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales. Esto tendrá plena validez tanto de manera oral -celebración de un juicio, por ejemplo- como escrita.

Las actuaciones en cualquiera de las lenguas cooficiales «surten plenos efectos sin necesidad de ser traducidas al castellano». Sin embargo, la norma establece dos excepciones que obligan a traducir «de oficio» los escritos. Una, cuando se presenten en juzgados de fuera de esa autonomía. Y dos, cuando las lenguas cooficiales «no sean coincidentes», según indica el juez en su exposición. «La lengua en la que el escrito remitido está redactado (catalán) no es coincidente con la declarada como oficial en la Comunidad a la que el escrito se dirige», es decir, la valenciana. «Esta cuestión ya fue libremente decidida y resuelta por la Comunidad. La lengua oficial es el valenciano, no el catalán».

El juez admite que puede haber debate lingüístico, pero no hay duda jurídica: «no son la misma lengua»
El magistrado de Alicante cita en el auto alguna sentencia que respaldaría su tesis. Recuerda que sólo existe una posibilidad de que un documento redactado en catalán tenga efecto y validez en otra autonomía. Se trata de las Islas Baleares. En ese supuesto sí se da la reciprocidad. Esta autonomía reconoció en su día la cooficialidad de la lengua catalana en su Estatuto de 1983 que posteriormente se mantuvo en la reforma de enero de 2007.

Pero la situación en la Comunitat es completamente diferente. «No existe rastro jurídico que permita afirmar, como hace la Generalitat de Cataluña, que en la Comunidad se habla catalán». La reforma del Estatuto valenciano atribuyó a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) la función de ser la institución normativa del idioma valenciano.

La argumentación anterior deriva «en la necesidad absoluta» de traducir al castellano el escrito que ha sido remitido al juzgado. Admite el juez que puede existir una «discusión lingüística» acerca de si la lengua catalana puede ser o no ser asimilable a la lengua valenciana. No obstante, este planteamiento desde el punto de vista jurídico está resuelto desde hace dos décadas: «No estamos ante una misma lengua».

El auto del juzgado alicantino acuerda suspender, por el momento, la cuestión de competencia hasta que la Generalitat de Cataluña traduzca la documentación solicitada para respetar el principio de legalidad. La resolución del magistrado puede ser recurrida.

 

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