Desafío independentista

Condenado el Ayuntamiento 'feminista' de la CUP en Sabadell por acosar a una mujer

 maties serracant alcalde sabadel

Un juez ha condenado al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) a indemnizar con 25.000 euros a una exalto cargo de Urbanismo por someterla a acoso laboral y a "presiones" sociales propiciadas por el alcalde, Maties Serracant, de la CUP, tras oponerse a ceder un edificio a una entidad independentista.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado de lo social número 2 de Sabadell estima la demanda presentada por la funcionaria María Teresa Morao, que fue cesada en noviembre de 2015 como jefa del servicio de Planificación Urbanística del Ayuntamiento, al entender probado que sufrió "conductas de acoso laboral".

En opinión del juez, la exalto cargo municipal fue "ridiculizada" y degradada en sus condiciones de trabajo por parte del consistorio, así como objeto de críticas, manifestaciones, caceroladas y actos vandálicos por parte de movimientos sociales y políticos "próximos al partido del actual alcalde".

Según la sentencia, Morao, que ostentaba desde 2011 el cargo de jefa de servicio de Planificación Urbanística del Ayuntamiento, fue consultada por el actual alcalde y exconcejal de Urbanismo Maties Serracant por las condiciones urbanísticas de la nave Can Balsach, con el fin de cederla a la asociación Casal Independentista i Popular El Tallaret de la Creu Alta.

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Tras dos informes negativos de arquitectos municipales del consistorio, Morao emitió en octubre de 2015 un dictamen en el que advertía de que el uso dominante de Can Balasch era el deportivo, por lo que las actividades asociativas no tenían cabida, lo que no impidió que finalmente se cediera el equipamiento a El Tallaret.

Días después, añade el juez, la funcionaria fue citada a una reunión con responsables de Urbanismo del consistorio, en la que la jefa de este área se mostró disconforme con el informe, trató de convencerla de que lo cambiara y lo leyó en voz alta "haciendo mofa del mismo e intentando ridiculizarla".

El mes siguiente, la demandante fue destituida como responsable de Planificación Urbanística y fue adscrita al servicio de obras como técnica superior arquitecta sin dirección de obras.

Paralelamente, la formación Crida per Sabadell, a la que pertenece el equipo de gobierno, pidió que se imputara a la denunciante por tráfico de influencias, junto a exconcejales de Sabadell y Polinyà (Barcelona), por tolerar unas obras ilegales, en una causa que fue archivada.

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Morao, a su vez, interpuso una denuncia por tráfico de influencias contra Serracant y responsables del área de Urbanismo, que también ha sido archivada provisionalmente, a raíz de la cesión de Can Balasch.

En 2017, mientras estaba de baja, la demandante recibió una llamada del Ayuntamiento en la que se le advertía de que se le había abierto un expediente reservado por Can Balasch, al tiempo que el consistorio archivaba la denuncia que la funcionaria presentó por acoso laboral.

La exalto cargo cursó baja médica por depresión y ansiedad en marzo de 2016, de la que empeoró en diciembre de 2018 por su regreso al trabajo, tras lo que sufrió una recaída en marzo de 2019 vinculada al estrés laboral.

La sentencia sostiene que El Tallaret convocó "caceroladas" semanales contra la denuncia que la funcionaria presentó por Can Balasch y que la mujer fue víctima de una campaña en la que se colocaron adhesivos en su portal y se publicaron panfletos que la tildaban de "corrupta". 

En consecuencia, el juez da por probado que la exalto cargo fue víctima de una situación de acoso laboral, tras negarse a modificar el informe sobre la cesión de Can Balasch, en contra del criterio de la responsable de Urbanismo, quien, según la sentencia, lesionó su "dignidad e integridad psíquica" cuando leyó su dictamen para "ridiculizarla".

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Desde ese momento, añade la sentencia, la mujer sufrió "críticas, rumores, subestimaciones, publicaciones de prensa, panfletos, manifestaciones, actos vandálicos en su domicilio, desde el entorno asociativo y político próximo al equipo de gobierno del consistorio, sin duda, propiciado desde el mismo" y el propio alcalde.

"Todo ello con una intencionalidad denigratoria en la credibilidad y honorabilidad de la trabajadora", lo que según el juez culminó con "una actuación sistemática de presión" al ser citada en relación con el expediente abierto por el consistorio.

Este "último capítulo" supuso, para el juez, una "maniobra más de presión, de entre las diferentes acciones de hostigamiento hacia la actora, que afecta necesariamente a su integridad psíquica".

Por todo ello, el fallo concluye que hubo una vulneración de los derechos a la vida y a la integridad física y moral de la exalto cargo, lo que afectó a "aspectos de su salud, dignidad, honor e intimidad personal". 

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