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Vie02152019

Última actualizaciónVie, 15 Feb 2019 8pm

Desafío independentista

Colau convierte el Ayuntamiento de Barcelona en un aquelarre de alcaldes separatistas

colau alcaldes indepes

Con los cánticos habituales de las manifestaciones independentistas: «In, inde, independencia» y «libertad, libtertad», unos 400 alcaldes de otras tantas poblaciones de Cataluña (en la región hay casi mil municipios) exigieron en un acto celebrado en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona la inmediata puesta en libertad de los presos preventivos que lideraron el proceso de secesión ilegal y que mañana empiezan a ser juzgados –juicio oral– en el Tribunal Supremo.

El acto de ayer contó con la presencia de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que presidió el evento –organizado por la Asociación Catalana de Municipios (ACM)– e intervino en el mismo. De hecho, tras advertir a los presentes de que ella no se consideraba independentista y de que el evento no lo era, la respuesta inmediata de la mayoría de alcaldes presentes fue la de enseñar banderas «esteladas» y cantar «in, inde, independencia». Los alcaldes también pidieron que el juicio en el Alto Tribunal sea «justo e imparcial» y así lo dejaron reflejado en un manifiesto titulado «Libertad, justicia y democracia».

El manifiesto lo leyeron seis alcaldes en representación de diferentes formaciones políticas de los ámbitos independentista o populista: el alcalde de Les (Lérida), Emilio Medan (Unitat d’Aran-PSC); de Cercs (Barcelona), Jesús Calderer (Demòcrates); de Mieres (Gerona), Enric Domènech (CUP); de Montcada i Reixach (Barcelona), Laura Campos (CatComú); de Tortosa (Tarragona); Meritxell Roigé (PDECat); y de Cambrils (Tarragona), Camí Mendoza (ERC).

«Acusaciones infundadas»

En el texto del manifiesto se recoge la exigencia, igualmente, de que se «respete a los derechos fundamentales como son el derecho de reunión y manifestación, el derecho de participación política y la libertad de expresión y de información», poniendo en duda, así, que estos derechos no estén siendo vulnerados actualmente en Cataluña. Además, los alcaldes, reunidos este domingo en la capital catalana, consideran que los dirigentes políticos y sociales encarcelados están siendo «perseguidos con acusaciones infundadas», informa Ep. Y recordaron que no es delito poner urnas para que los ciudadanos voten, en referencia al referéndum del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

Dando un paso más, en el manifiesto se propone la necesidad de «una solución política y democrática al conflicto entre Cataluña y España a través del diálogo sin condiciones»; y los primeros ediles de los 400 municipios que participaron este domingo en el acto se comprometieron a seguir trabajando para que se celebre un referéndum se secesión en Cataluña. Por ello, también hicieron un llamamiento a los ciudadanos de toda España para que «de una manera pacífica y firme» defiendan «los valores democráticos amenazados y el ejercicio de los derechos fundamentales», en el que basan el derecho a la autodeterminación.

Como era de esperar, estos alcaldes criticaron la aplicación de las medidas derivadas del artículo 155 de la Constitución, que se aplicaron tras dos declaraciones de independencia y en paralelo a la investigación judicial ya puesta en marcha tras la desobediencia al TC por la celebración del 1-O. En este sentido, señalaron que el Estado, tras el 1-O, tomó medidas excepcionales que resumieron en la «aplicación forzosa y desproporcionada del derecho penal», y alertaron de que, en su opinión, estas medidas afectan a los derechos fundamentales y las libertades de la ciudadanía.

Venganza

Así, para los alcaldes reunidos en Barcelona, el encarcelamiento de los líderes del procés –que no se fugaron de España– y las acciones penales iniciadas contra los alcaldes que colaboraron en el referéndum ilegal «representa una grave vulneración de los derechos y las libertades de la ciudadanía».

Desde su punto de vista, estas acciones penales vulneran varios derechos, como el de la defensa, el de la legalidad penal, a la imparcialidad judicial, el de participación política, de libertad de expresión, y el de reunión y manifestación, entre otros. «Todo apunta a que con estos procedimientos judiciales se buscan castigos ejemplarizantes y un efecto disuasorio de determinadas posiciones políticas en el futuro», añaden los ediles en el manifiesto, que, además, aseguran es la consecuencia de una venganza.

Finalmente, creen que las acusaciones contra los líderes del procés son «infundadas y claramente desproporcionadas», por lo que ven un un retroceso en el Estado de Derecho.

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