Desafío independentista

El Gobierno pacta con los independentistas que no sean acusados por rebelión

sanchez torra

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, acusará este viernes a los líderes del 'procés' que se sentarán en el banquillo a partir de enero por declarar la independencia de Cataluña por un delito de sedición y otro de malversación, según fuentes jurídicas. Eso marca una diferencia fundamental con la fiscalía, porque implica que los Servicios Jurídicos del Estado no han apreciado que el 20 de septiembre del año pasado o el 1-O existiese violencia suficiente para acusar por rebelión, y así tendrán que defenderlo durante el juicio, lo que supone que el delito más grave será puesto en solfa no solo por las defensas, sino también desde una de las acusaciones.

No obtante, también habrá que ver cómo se traduce eso en la petición de penas. La rebelión absorbe la malversación, de forma que se solicita una única pena, que se ve agravada para los acusados por ambos delitos. En cambio, con la sedición no ocurre, ya que hay que pedir pena tanto por ella como por la malversación. Según juegue con estas cartas, en el tramo más bajo o alto de ambos delitos, la petición que la Abogacía del Estado presentará este viernes en el Tribunal Supremo, con penas mínimas de 14 años de cárcel, se acercará o no a la que también realizará la fiscalía. El ministerio público pedirá el mayor castigo, que puede superar con creces los 20 años de cárcel, para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al que considera máximo responsable de la actuación del Govern, junto al huido Carles Puigdemont.

De ahí que para interpretar como gesto a los independentistas la petición de la Abogacía del Estado haya que conocer la petición concreta de penas para cada uno de los acusados y confiar en la buena voluntad con la que quieran tomársela estos partidos, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos casos mediáticos en los que ha participado, como Gürtel o Nóos, optó por acusar solo por el delito que motivó su personación.

En aquellos fueron los delitos fiscales y en la causa del 'procés', sería el de malversación, que se castiga con penas de entre dos y seis años de prisión, pero puede llegar hasta los 12 años "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros". La Guardia Civil, en un último informe, ha elevado el dinero presuntamente malversado a los 4 millones de euros, contando tanto lo abonado como lo pendiente de pago.

Por su parte, quienes inducen, sostienen o dirigen la sedición pueden ser castigados con entre 8 y 10 años de cárcel, y de 10 a 15 años, si fueran personas constituidas en autoridad. Para los demás sediciosos la pena prevista va de 4 a 8 años.

Los procesados por rebelión, todos ellos presos, son a los que la fiscalía acusará por este delito y la Abogacía del Estado por sedición. Se trata de Junqueras, los 'exconsellers' Joaquim Fom, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Los que eran miembros del Govern también fueron procesados por malversación, al igual que Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Estos tres lo fueron, además, por desobediencia, único delito que se imputa a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya. La desobediencia se castiga con inhabilitación.

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