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Mar07172018

Última actualizaciónLun, 16 Jul 2018 9pm

Referéndum Cataluña: nada por escrito para esquivar al Estado

junqueras-puigdemont

Desde hace unos meses, la Intersindical-Confederació Sindical Catalana y la ANC están organizando sesiones para informar a los funcionarios sobre cómo actuar ante la convocatoria del referéndum. Bajo el epígrafe 'Jo m'hi apunto', este sindicato de perfil independentista ha iniciado una campaña en la que explica a los trabajadores de los servicios centrales de la Generalitat (son unos 10.000 funcionarios, el núcleo duro de los diferentes departamentos) que no existen posibilidades de que un de ellos incurra en un delito de prevaricación o de desobediencia porque para que fuese así debería emitir una resolución arbitraria y hacerlo sabiendo que es injusta e injustificable legalmente. 

Para que a un trabajador público se le pudiese imputar la desobediencia, (el segundo delito que más se cita por parte de representantes del Gobierno central), el funcionario debería negarse de manera clara a cumplir la orden de un superior y que esta previamente se le hubiese notificado de manera válida.

En todo caso, la clave para blindarse de posibles denuncias es solo una: si un trabajador no ve clara una instrucción debe pedirla por escrito (un consejo aplicable no solo para los preparativos de la consulta, sino como norma general). Lo saben bien los sindicatos y lo tiene muy claro el Govern. «Nada por escrito», resume un 'conseller' para reiterar que no pondrán en peligro al personal de la administración. Un personal que está expectante ante lo que vaya a pasar.

«Existe inquietud», describe el coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Joan Maria Sentís, quien al mismo tiempo subraya que no hay que contribuir a crear alarmismo y que su propósito es «prevenir el fuego» y no contribuir a provocarlo. En resumen, no hacer «conjeturas» cuando aún no se conoce el texto de la ley de transitoriedad ni si el referéndum se convocará en base a esta norma u otra propia.

Las pistas

La ley de transitoriedad dará alguna pista respecto al papel que se quiere otorgar a los Mossos d'Esquadra. Actualmente están obligados a «cumplir y hacer cumplir la Constitución». ¿Seguirá siendo así cuando se apruebe la también llamada ley de desconexión? Es de preveer que la respuesta es un no.

En lo que coinciden todos los sindicatos es que este es un conflicto político y como tal debería resolverse. Pero difícilmente se solucionará antes del 1 de octubre. Junts pel Sí y la CUP aseguran que habrá urnas y su esfuerzo ahora se concentra en que cale la idea de que lo que se defiende es la democracia y no que Cataluña sea independiente.

Es la manera de intentar retener a los comunes, cuyos movimientos son un ejemplo del mejor funambulismo político. Su prioridad es preservar la figura de Ada Colau y por eso el Ayuntamiento de Barcelona evitará cualquier acción que ayude a la celebración del referéndum y que pueda dar pie al Gobierno central a ir contra la alcaldesa. A partir de ahí, el 'colauismo' irá adaptando sus movimientos en función de los casos que den Puigdemont y Rajoy, siempre bajo la premisa de que la unilateralidad no es su vía.

El Gobierno central ha dado señales de que no cejará en su estrategia de judicializar la respuesta a las acciones que vaya emprendiendo el Ejecutivo catalán. Más allá de las querellas y encontronazos como el último a cuenta de la negativa del Ministerio del Interior a convocar la Junta de Seguridad de Cataluña (un órgano que sirve para compartir información entre cuerpos policiales), una de las cuestiones que preocupa en el Consell Executiu es la capacidad del Estado de ahogar económicamente a los dirigentes independentistas.

Fuentes del Govern recuerdan que, pese al poco eco mediático que ha tenido, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue si Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por si incurrieron en un delito de malversación contable. De ser así, se les obligaría a indemnizar a la Generalitat con una cifra que podría ser millonaria.

 

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